Chihuahua.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó este martes el escenario electoral de Chihuahua rumbo a 2027 al invalidar disposiciones de la legislación estatal que contemplaban sanciones relacionadas con la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales.
La decisión ocurre en medio de una fuerte disputa política en Chihuahua, donde el llamado “blindaje electoral” había sido presentado por sus impulsores como una herramienta para evitar que grupos criminales intervinieran en las elecciones.
El proyecto analizado por la Corte planteaba revisar la constitucionalidad de diversas disposiciones incorporadas a la legislación electoral del estado. La SCJN determinó invalidar algunas de ellas, entre las que se encontraban normas relacionadas con la pérdida de registro o cancelación de candidaturas por determinadas infracciones vinculadas con actos de delincuencia.
¿Qué había aprobado Chihuahua?
El Congreso de Chihuahua había incorporado a su legislación electoral mecanismos para enfrentar una eventual intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Entre las disposiciones cuestionadas se encontraba la posibilidad de anular una elección cuando se acreditara la intervención de grupos delictivos y establecer consecuencias para candidaturas beneficiadas directamente por actos como violencia, intimidación, amenazas, coacción, financiamiento o presión que incidieran en una elección.
Los impulsores de la reforma, particularmente desde el PAN, defendieron estas medidas como una forma de proteger la libertad del voto y evitar que organizaciones criminales pudieran influir en quién compite o quién gana una elección.
¿Qué decidió la Suprema Corte?
La Corte invalidó disposiciones que establecían la pérdida del registro o la cancelación de candidaturas frente a determinadas infracciones relacionadas con actos de delincuencia organizada.
También dejó sin efecto sanciones aplicables a quien resultara beneficiado directamente por actos de violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida que incidieran en la organización, desarrollo o resultado de un proceso electoral.
El razonamiento reportado sobre estas disposiciones se relaciona con los límites constitucionales de las sanciones electorales y con la exigencia de que exista responsabilidad personal y proporcionalidad en las consecuencias jurídicas.
Esto es distinto a afirmar que la Corte haya determinado que una persona específica tenga vínculos con el crimen organizado.
El debate político estalló antes de la resolución
La decisión llegó después de varios días de confrontación entre Morena y el PAN en Chihuahua.
El coordinador de los diputados panistas, Alfredo Chávez Madrid, había defendido el blindaje y sostenido que la impugnación presentada por Morena podía debilitar las medidas diseñadas para impedir la intervención criminal en las elecciones.
Desde el PAN también se realizaron señalamientos políticos sobre posibles vínculos entre integrantes de Morena y personas relacionadas con actividades ilícitas.
Sin embargo, esos señalamientos corresponden a acusaciones políticas y no deben confundirse con una determinación judicial de responsabilidad penal o con una resolución de la Corte que haya establecido vínculos criminales de algún candidato.
Morena rechaza que su impugnación buscara proteger a criminales
Morena defendió su decisión de impugnar la reforma.
El coordinador parlamentario del partido en Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que la controversia constitucional no tenía como propósito proteger a personas vinculadas con actividades delictivas, sino cuestionar disposiciones que, desde su perspectiva, afectaban derechos políticos y facultades constitucionales.
Estrada sostuvo que su partido también había planteado medidas para fortalecer el blindaje de los procesos electorales frente a la delincuencia organizada, aunque mediante un esquema distinto al aprobado por el Congreso estatal.
El legislador señaló que Morena respetaría la decisión que finalmente adoptara la Suprema Corte.
El PAN advierte sobre el efecto de la resolución
Desde Acción Nacional, la lectura fue diferente.
El coordinador de los diputados locales, Alfredo Chávez, había sostenido que eliminar las disposiciones cuestionadas dejaría a Chihuahua con menos herramientas para impedir que el crimen organizado pudiera influir en una elección.
El PAN había defendido particularmente la posibilidad de anular una elección cuando se demostrara la intervención de organizaciones criminales.
La dirigencia estatal también había llamado a mantener las medidas de protección electoral antes de que la Corte resolviera la controversia.
La resolución no significa que el crimen organizado pueda intervenir legalmente en elecciones
Uno de los puntos que más pueden generar confusión es el alcance de la decisión.
La resolución no establece que la intervención del crimen organizado en una elección sea legal ni elimina todas las herramientas jurídicas existentes para investigar o sancionar delitos.
Lo que se discutió fue la constitucionalidad de determinadas consecuencias previstas en la legislación electoral de Chihuahua.
Esto significa que, si durante una elección existen delitos, amenazas, violencia, financiamiento ilícito o cualquier otra conducta delictiva, las autoridades competentes mantienen sus facultades para investigar y actuar conforme al marco jurídico aplicable.
La controversia está en qué sanciones electorales puede establecer el Congreso local y bajo qué condiciones pueden aplicarse.
¿Qué implica para las elecciones de 2027?
La resolución adquiere especial relevancia porque Chihuahua se prepara para el proceso electoral de 2027, cuando estará en juego, entre otros cargos, la gubernatura del estado.
El llamado blindaje electoral había sido presentado como una de las herramientas para enfrentar posibles riesgos de intervención criminal en la contienda.
Con la invalidez de algunas de sus disposiciones, el Congreso y las autoridades electorales de Chihuahua deberán ajustar el marco jurídico a los criterios establecidos por la Suprema Corte.
El alcance exacto dependerá de los efectos de la sentencia y de las disposiciones que permanezcan vigentes.
Una disputa que apenas cambia de escenario
La resolución de la Corte no elimina el debate político sobre la seguridad de las elecciones en Chihuahua.
Por un lado, sus defensores sostienen que las autoridades necesitan mecanismos contundentes para impedir que grupos criminales tengan influencia sobre las candidaturas y los resultados electorales.
Por otro, Morena ha argumentado que las medidas impugnadas podían afectar derechos políticos y exceder las facultades del Congreso estatal.
Ahora la discusión se traslada a una pregunta que tendrá especial importancia rumbo a 2027: cómo proteger las elecciones frente a la delincuencia organizada sin establecer sanciones que rebasen los límites constitucionales.
La decisión de la Suprema Corte marca un nuevo capítulo en esa disputa y obligará a Chihuahua a revisar las reglas con las que enfrentará el próximo proceso electoral.
