Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra una decena de políticos mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, asegurando que, sin pruebas claras, las imputaciones tienen un trasfondo político.
Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó en claro que su gobierno no encubrirá a nadie en caso de existir evidencia, pero subrayó que no se permitirá ningún tipo de presión externa sobre decisiones que corresponden exclusivamente a México.
“Si hay pruebas, se actuará conforme a la ley. Pero si no existen, es evidente que el objetivo es político”, sostuvo.
Uno de los nombres señalados en los documentos difundidos por autoridades estadounidenses es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que ha elevado la tensión entre ambos países.
FGR analizará pruebas y decidirá
Sheinbaum explicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de evaluar la información enviada por Washington y determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente, incluyendo posibles órdenes de aprehensión o solicitudes de extradición.
La presidenta detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes formales el 28 de abril y, conforme al protocolo, las turnó a la fiscalía para su análisis.
Además, llamó la atención sobre el tipo de evidencia presentada por el Departamento de Justicia, señalando que uno de los elementos difundidos públicamente consiste en anotaciones manuscritas sobre supuestos sobornos.
Un hecho sin precedentes
Sheinbaum calificó la situación como inédita, al señalar que nunca antes se había solicitado la extradición de funcionarios mexicanos en activo, incluyendo un gobernador, un senador y un alcalde.
“Esto no había ocurrido nunca”, afirmó.
Mensaje directo: soberanía no está en negociación
En su posicionamiento oficial, la presidenta reiteró que México mantendrá una relación de respeto con otras naciones, pero sin aceptar subordinación.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero en decisiones que corresponden al pueblo de México”, enfatizó.
El gobierno federal insistió en que cualquier acción legal deberá sustentarse en pruebas sólidas conforme a la legislación mexicana, dejando en manos de las autoridades nacionales el curso del caso.
