La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para discutir un proyecto que podría marcar un antes y un después en la forma en que se controla el contenido en internet en México, y que además representa un duro escenario legal para el Grupo Salinas.
El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno una propuesta que valida las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar el bloqueo de sitios web cuando se detecten violaciones a derechos de autor.
El proyecto surge luego de que la empresa Total Play, propiedad de Grupo Salinas, promoviera un amparo contra estas medidas tras recibir la orden de bloquear páginas señaladas por difundir películas de manera ilegal.
Un caso que empezó por contenido pirata
Todo comenzó en julio de 2024, cuando diversas empresas denunciaron la transmisión ilegal de películas en sitios web. El IMPI inició el procedimiento y, tras detectar incumplimientos, ordenó a proveedores de internet bloquear el acceso a esas páginas.
La medida fue acatada, pero meses después Total Play llevó el caso a tribunales al considerar que la orden excedía las facultades del instituto.
Entre sus argumentos, la empresa sostuvo que este tipo de bloqueos podría afectar la libertad de expresión, el acceso a la información y representar una medida desproporcionada al impedir el acceso completo a sitios web.
El amparo que no prosperó
En enero de 2025, un juez federal negó el amparo a la compañía, al considerar que la protección de los derechos de autor sí permite imponer este tipo de restricciones.
Ahora, el proyecto del ministro Guerrero García propone confirmar esa decisión y declarar constitucional el artículo 344 de la ley correspondiente, lo que reforzaría las facultades del IMPI.
Otro frente legal el mismo día
El caso no llega solo. El próximo 9 de abril también está programado otro asunto que involucra directamente al empresario Ricardo Salinas Pliego, relacionado con un litigio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ambos temas colocan al grupo empresarial en el centro de la discusión jurídica a nivel nacional.
Lo que está en juego
Más allá del caso específico, la decisión podría sentar un precedente importante sobre hasta dónde pueden llegar las autoridades para intervenir en internet en México.
De avalarse el proyecto, se fortalecería la capacidad del Estado para bloquear contenidos digitales cuando se acrediten violaciones a derechos de autor, un tema que sigue generando debate entre especialistas, empresas y usuarios.
