La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado en diversas ocasiones que la figura de los legisladores plurinominales debe desaparecer, al considerar que solo beneficia a intereses cerrados de grupos de poder que se reparten diputaciones y senadurías como cotos políticos.
Bajo el argumento de la legitimidad popular, para Sheinbaum y algunos integrantes de su partido resulta inconcebible que existan representantes populares que no hayan competido directamente en una elección.
Se prevé que la reforma electoral sea aprobada y entre en vigor para los comicios de 2027.
La figura de los plurinominales surgió para garantizar representación a los partidos minoritarios y para que cada fuerza política pudiera definir, con criterios estratégicos, qué perfiles aportarían al trabajo legislativo en distintas materias, combinando experiencia técnica con legitimidad electoral.
La oposición sostiene que eliminarlos beneficiaría al partido en el poder, al reducir la voz de las minorías en el Congreso de la Unión.
Además, los partidos opositores han señalado una falta de apertura por parte de Pablo Gómez, encargado de coordinar los trabajos para diseñar la nueva reforma electoral, para escuchar sus planteamientos. Argumentan que la iniciativa se construye de manera cerrada entre simpatizantes del actual gobierno, lo que —afirman— genera desigualdad en la competencia y limita la pluralidad de los partidos políticos con registro en el país.
Pablo Gómez también ha planteado la necesidad de retirar la autonomía al Instituto Nacional Electoral, bajo el argumento de que debe operar dentro del mismo marco legal que rige al gobierno mexicano.
La posible pérdida de autonomía del órgano electoral y la eliminación de los plurinominales han encendido alertas entre sectores de la oposición, que advierten que la reforma podría debilitar la democracia representativa y afectar la equidad en los procesos electorales.
