Ciudad de México.— Las plataformas digitales tendrán que reforzar sus mecanismos de protección para impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos relacionados con violencia, acoso, abuso sexual y autolesiones, entre otros materiales que pueden poner en riesgo su bienestar.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 14 de octubre el decreto para garantizar entornos digitales seguros para menores de edad, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La disposición establece obligaciones para las plataformas, les concede un plazo de 30 días naturales para adecuar sus sistemas y reportar las medidas implementadas, y por ahora no contempla sanciones específicas por incumplimiento.
El Gobierno federal sostiene que el objetivo es reducir la exposición de menores a contenidos dañinos y conseguir que las empresas tecnológicas asuman mayores responsabilidades en la seguridad de sus servicios.
¿Qué contenidos deberán restringir las redes sociales?
El decreto establece que las plataformas no deben permitir que niñas, niños y adolescentes accedan a publicaciones, imágenes o videos que promuevan o generen riesgos como:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación o violencia sexual.
- Suicidio y autolesiones deliberadas.
- Trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso, ciberacoso y ciberbullying.
- Conductas ilícitas y material sexual explícito.
Las obligaciones también abarcan la exposición y recomendación de estos contenidos mediante los sistemas automatizados de las plataformas, incluidos los algoritmos que sugieren publicaciones a sus usuarios.
Controles parentales y verificación de edad
La disposición plantea que las plataformas incorporen medidas de seguridad desde el diseño de sus servicios, con configuraciones protectoras activas de manera predeterminada para las cuentas de menores.
Entre las obligaciones se encuentran clasificar contenidos por edad, implementar mecanismos para verificar la edad de las personas usuarias, facilitar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, y habilitar canales accesibles para denunciar publicaciones o cuentas que representen un riesgo.
También deberán identificar y retirar de inmediato cuentas o publicaciones que inciten o generen violencia, conforme a las obligaciones establecidas en el decreto.
¿Qué tendrán que hacer las empresas tecnológicas?
Las obligaciones no se limitan a retirar publicaciones. Las plataformas deberán mantener un punto de contacto disponible las 24 horas del día durante todo el año para atender requerimientos de información de las autoridades investigadoras.
Además, tendrán que preservar y entregar evidencia relevante cuando corresponda, así como alertar de inmediato a las autoridades si identifican contenidos que atenten contra la vida.
El Gobierno federal informó que sostuvo reuniones con empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei para abordar la aplicación de las medidas.
¿Habrá multas para las redes sociales?
Por ahora, el decreto es obligatorio, pero no contempla un esquema específico de sanciones económicas por incumplimiento. Las plataformas disponen de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor, para realizar los ajustes técnicos y documentar las medidas adoptadas.
Sheinbaum señaló que, si las empresas no cumplen con las disposiciones, el Gobierno analizará impulsar una regulación adicional con sanciones. Para ello, se instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo para preparar propuestas regulatorias.
Esto significa que la ausencia de multas inmediatas no elimina las obligaciones previstas en el decreto, pero el mecanismo sancionador todavía tendría que desarrollarse mediante disposiciones posteriores.
Protección infantil y debate sobre las plataformas
La medida se concentra en la protección de niñas, niños y adolescentes, no en establecer una prohibición general de las redes sociales para toda la población. Su aplicación, sin embargo, requerirá que las empresas definan cómo identificar a los usuarios menores de edad, moderar contenidos y atender las solicitudes de las autoridades.
El reto será hacer cumplir las medidas sin perder de vista otros derechos, como la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión. La efectividad del decreto dependerá de los mecanismos que implementen las plataformas, la supervisión de las autoridades y las reglas adicionales que eventualmente se aprueben.
Con el plazo de 30 días en marcha, el siguiente paso será conocer cómo documentarán las empresas sus medidas de cumplimiento y qué mecanismos utilizará el Gobierno para evaluar si la protección de menores mejora en los entornos digitales.
