Cuando una acusación proviene del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, difícilmente puede pasar desapercibida. Mucho menos cuando involucra al crimen organizado, al huachicol fiscal y, todavía más delicado, al presunto financiamiento de campañas políticas en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina con una exigencia que, independientemente de las diferencias políticas, parece razonable: presentar las pruebas. Pero la pregunta también podría formularse en sentido contrario: ¿qué más pruebas necesita el gobierno mexicano? En lo que va de 2026 se han detenido a diversos personajes presuntamente vinculados con organizaciones criminales y, como suele decirse en el ámbito político, pareciera que alguien está filtrando información a la administración de Donald Trump o, como algunos sectores de Morena sostienen, a la llamada oposición.
El problema no es nuevo. Estados Unidos sostiene que una red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación obtuvo recursos mediante el contrabando de combustibles y que parte de ese dinero habría servido para financiar campañas políticas y medios de comunicación en México. Si esa información existe y está documentada, corresponde compartirla con las autoridades mexicanas para que se investigue y, en su caso, se castigue a los verdaderos responsables.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno estadounidense al hacer públicos señalamientos que impactan directamente en la política interna mexicana? Y, por otro lado, ¿está México preparado para investigar con independencia y sin cálculos políticos cuando las acusaciones apuntan hacia actores cercanos al poder?
En ese contexto, la gobernadora de Chihuahua ha insistido en que el debilitamiento de la relación comercial con Estados Unidos y el endurecimiento de la postura frente al T-MEC responden, en parte, a la percepción de una insuficiente cooperación del gobierno mexicano en casos de alto impacto, como las solicitudes de extradición de personajes presuntamente vinculados con el crimen organizado.
No es un escenario que haya surgido de la noche a la mañana. Diversas cámaras empresariales, entre ellas COPARMEX, ya habían advertido que la revisión del T-MEC estaría acompañada de exigencias relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad jurídica y las condiciones para la inversión.
¿Washington está utilizando la revisión del tratado comercial como un mecanismo adicional de presión política? De ser así, la relación entre ambos países dejaría de limitarse al intercambio económico para entrar de lleno en temas de seguridad, combate al crimen organizado y gobernabilidad.
Por ahora, las revisiones del T-MEC continuarán durante los próximos años con evaluaciones periódicas entre México, Estados Unidos y Canadá. La siguiente ronda de revisión está programada para el 20 de julio en la Ciudad de México.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que existan militantes de Morena o funcionarios de su gobierno proporcionando información a autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, luego de un reporte publicado por The New York Times basado en una fuente anónima.
Todo esto nos permite hacernos varias preguntas, que nos ponen analizar la verdadera crisis bilateral, ¿se trata únicamente de acusaciones políticas o estamos frente al inicio de una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos, donde la seguridad, el combate al crimen organizado y el T-MEC caminarán de la mano?
