México está entrando a una etapa muy peligrosa: la política ya no sólo se mide en votos, encuestas o discursos. Hoy también se mide en expedientes, visas canceladas, colaboraciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, filtraciones, informantes y señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico.
Y hay que decirlo con claridad: si hay políticos mexicanos protegiendo al crimen organizado, no estamos frente a un problema electoral; estamos frente a una traición al Estado mexicano.
Los casos que se discuten públicamente como el de la gobernadora Marina del Pilar, los gobernadores Rocha Moya, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, entre otros deben tratarse con presunción de inocencia, sí. Pero presunción de inocencia no significa silencio institucional. Significa investigar bien, con pruebas, sin linchamientos, pero también sin pactos de impunidad, nada que regresará Rocha Moya hasta que este claro que pasó, no eso no…
Marina del Pilar reconoció contactos con supuestos intermediarios del gobierno estadounidense. Nuestro Gobernador Durazo ha negado versiones sobre cancelación de visa y vínculos con el narco. Américo Villarreal también rechazó señalamientos y sostuvo que su visa sigue vigente. Ese es justamente el punto: no podemos vivir de dichos, filtraciones y desmentidos. México necesita expedientes, no rumores, veracidad y transparencia.
Lo que viene puede ser más fuerte. Si funcionarios mexicanos están buscando acuerdos, entregando información o colaborando con agencias estadounidenses para protegerse, eso puede sacudir a la política nacional. Porque Estados Unidos no actúa por cortesía: actúa con intereses, con fiscales, con jurados, con sanciones, con visas, con OFAC, con DEA, FBI y DOJ. Y cuando empieza a tirar de un hilo, puede aparecer toda una red y ellos si llegan a sentencias condenatorias, ojo con eso.
La pregunta es: ¿qué harán las instituciones mexicanas antes de que Washington nos exhiba otra vez?
El INE, los tribunales electorales, los partidos, la FGR, la UIF y los congresos locales deben entender que el narcotráfico no puede llegar a las boletas. No basta pedir cartas de buena conducta. Se necesita una revisión real del financiamiento de campañas, proveedores, operadores territoriales, vínculos familiares, contratistas, seguridad privada, estructuras municipales y dinero en efectivo.
Si un candidato llega financiado por el crimen, no llega a gobernar: llega a pagar facturas y generará más inseguridad. Y esas facturas se pagan con policías capturadas, obra pública entregada, fiscalías paralizadas, territorios cedidos y ciudadanos abandonados y desaparecidos.
También hay que ser duros con los partidos. Ningún partido puede decir “yo no sabía” cuando postula perfiles rodeados de alertas públicas. La democracia no se defiende sólo contando votos; se defiende evitando que el crimen compre candidaturas. Antes los cárteles apoyaban económicamente y pedían protección, después evolucionaron a poner a los funcionarios de seguridad y justicia, hoy pagar por poner a “sus” políticos, a “sus” candidatos, miembros de su propios cártel, no para sugerir, si no para mandar por que ellos son el poder, esa es la principal diferencia a hace unos años.
México debe cooperar con Estados Unidos, sí. Pero con reglas, por vías formales y sin subordinación. Si Estados Unidos tiene pruebas, que las entregue y los procesé. Si México tiene sospechas, que investigue. Y si hay políticos involucrados con el narco, que enfrenten la justicia aquí o allá, pero que no sigan decidiendo el destino del país desde cargos públicos.
La política mexicana tiene que escoger: o se limpia a sí misma, o la van a limpiar desde tribunales extranjeros o como se dice la chamba la harán otros. Y eso, además de vergonzoso, sería otra forma de perder soberanía e identidad.
Porque la verdadera traición no es colaborar con la justicia; la verdadera traición es usar el poder público para proteger al narcotráfico, esa sin duda es la verdadera traición a nuestra nación.
*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.
Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.
