El exgobernador de Baja California y exsenador de la República, Ernesto Ruffo Appel, compareció este viernes ante una jueza de control del Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como El Altiplano, dentro de la investigación que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de huachicol fiscal.
La audiencia comenzó alrededor de la 1:00 de la tarde y se desarrolla de manera privada, sin acceso para los medios de comunicación. Durante el proceso se decretó un receso y la diligencia fue programada para reanudarse a las 7:00 de la noche.
De acuerdo con la información disponible, Ruffo Appel participa en la audiencia mediante videoconferencia, ya que permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.
Fue detenido un día antes
La comparecencia ocurre después de que autoridades federales detuvieran al exmandatario estatal el jueves, como parte de un operativo relacionado con una presunta organización dedicada al contrabando de combustibles.
En un mensaje a medios, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que Ernesto Ruffo y otras 24 personas son investigadas por su posible participación en una red que habría introducido combustible de manera irregular al país, ocasionando un presunto daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.
Según explicó la fiscal, la investigación corresponde al desmantelamiento de una organización que presuntamente operaba el ingreso ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas mexicanas.
Así operaba la presunta red
De acuerdo con la FGR, el esquema consistía en reportar menores volúmenes de combustible o declarar la carga como si correspondiera a otro tipo de mercancía, con el objetivo de evitar el pago de impuestos y otras contribuciones.
Las autoridades sostienen que este mecanismo permitió el ingreso y distribución de grandes cantidades de combustible en distintas regiones del país.
Hasta el momento, la audiencia continúa y será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de los imputados conforme avance el proceso.
