El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una nueva acusación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al asegurar que la organización criminal habría utilizado recursos obtenidos del robo y contrabando de combustible para financiar campañas políticas e influir en procesos electorales en México.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, las ganancias generadas por el llamado huachicol no solo fortalecieron las operaciones del grupo delictivo, sino que también habrían servido para intentar favorecer la llegada al poder de funcionarios dispuestos a colaborar con la organización criminal.
La acusación forma parte de las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense para combatir las fuentes de financiamiento del crimen organizado y limitar su capacidad de operación tanto dentro como fuera de México.
Según el Departamento del Tesoro, el esquema habría permitido al CJNG ampliar su influencia mediante el uso de recursos ilícitos provenientes del robo y contrabando de combustible, una actividad que durante los últimos años se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para diversas organizaciones criminales.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el objetivo era ejercer influencia en decisiones políticas y fortalecer redes de protección institucional que facilitaran las actividades del grupo delictivo.
Hasta el momento, el Departamento del Tesoro no dio a conocer públicamente los nombres de funcionarios, candidatos o campañas políticas presuntamente relacionadas con estas acusaciones.
El señalamiento se produce en medio de la estrategia del gobierno estadounidense para intensificar las sanciones económicas contra integrantes y operadores financieros de organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
El robo y tráfico ilegal de combustible ha representado durante años un importante desafío para México debido a las pérdidas económicas para el Estado, los riesgos para la población y el fortalecimiento financiero de grupos dedicados al crimen organizado.
Por ahora, las acusaciones del Departamento del Tesoro forman parte de una investigación de las autoridades estadounidenses. Hasta este momento, no se han presentado en el comunicado referido elementos públicos que acrediten responsabilidades penales de personas específicas en México derivadas de estas afirmaciones. Cualquier posible responsabilidad corresponderá determinarla a las autoridades competentes conforme avancen las investigaciones.
