La ofensiva contra los grupos del crimen organizado no debe concentrarse únicamente en los integrantes de los cárteles. Para Derek Maltz, exadministrador interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), también es necesario investigar a los funcionarios y políticos que presuntamente facilitan sus operaciones.
Maltz ha sostenido públicamente que los llamados “cárteles del terror” dependen de redes de corrupción y de instituciones comprometidas para mantener sus actividades. En junio pasado, pidió a las autoridades mexicanas actuar contra funcionarios señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
El exfuncionario estadounidense ha insistido en que estas estructuras no operan de manera aislada, sino que requieren protección, información y distintos tipos de apoyo para mantener sus operaciones.
En agosto, Maltz volvió a pronunciarse sobre el caso de Sinaloa y pidió que el exgobernador Rubén Rocha Moya rindiera cuentas, además de referirse a los políticos corruptos como personas que, según su postura, brindan servicios a los grupos criminales. Se trató de una declaración del propio Maltz y no de una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas señaladas.
Cooperación entre México y Estados Unidos
El planteamiento de Maltz ocurre en medio de una discusión más amplia sobre hasta dónde debe llegar la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que Estados Unidos pueda realizar una intervención militar unilateral en territorio mexicano. Su gobierno, sin embargo, mantiene mecanismos de cooperación e intercambio de información con autoridades estadounidenses.
En septiembre, el Gobierno de México ha destacado el fortalecimiento de sus capacidades de inteligencia e investigación, así como la coordinación entre instituciones civiles, militares y financieras para identificar estructuras criminales y llevar las investigaciones ante las fiscalías correspondientes.
En este contexto, Maltz ha planteado que México podría beneficiarse de una cooperación estadounidense más amplia en materia de inteligencia, vigilancia y apoyo logístico, siempre bajo un esquema coordinado entre ambos países.
El debate no es nuevo. Durante 2025 ya se había reportado que vuelos estadounidenses de vigilancia se realizaban con autorización mexicana, mientras Sheinbaum marcaba distancia frente a cualquier operación militar unilateral de Estados Unidos.
“Dejar de lado los intereses políticos”
Para Maltz, otro de los obstáculos en la lucha contra las organizaciones criminales es que las decisiones de seguridad no queden subordinadas a intereses políticos.
Su planteamiento consiste en atacar tanto a las estructuras operativas de los cárteles como a las redes de protección que les permiten mantenerse activas, con investigaciones, procesos judiciales y responsabilidades para quienes hayan colaborado con ellas.
La postura del exfuncionario estadounidense se suma a una presión creciente para que México y Estados Unidos profundicen su coordinación contra el crimen organizado.
Al mismo tiempo, la administración de Sheinbaum sostiene que la cooperación puede continuar, pero bajo condiciones establecidas por México y sin permitir una intervención extranjera unilateral. La presidenta ha defendido públicamente que la coordinación en seguridad debe mantenerse dentro del marco de la soberanía nacional.
El planteamiento deja sobre la mesa dos asuntos que seguirán formando parte de la relación bilateral: hasta dónde puede llegar la cooperación de seguridad entre ambos países y cómo enfrentar las redes de corrupción que, de acuerdo con señalamientos de autoridades y exfuncionarios estadounidenses, pueden facilitar las operaciones de las organizaciones criminales.
