Informes de la ONU, el PNUD y organismos internacionales advierten que las organizaciones criminales ya no sólo generan violencia; en numerosas regiones sustituyen funciones del Estado, controlan economías, territorios e instituciones y ponen en riesgo la democracia.
Durante años, la discusión sobre el crimen organizado se concentró en una sola pregunta: ¿cuántos homicidios dejó la violencia?
Hoy, los organismos internacionales advierten que esa medición ya no alcanza para entender el fenómeno.
El verdadero poder del crimen organizado ya no se explica únicamente por las armas, sino por su capacidad para infiltrarse en la economía, capturar instituciones, controlar territorios, corromper autoridades y sustituir funciones que corresponden al Estado. La violencia continúa siendo su herramienta más visible, pero ya no es necesariamente la principal.
Ese es el diagnóstico que aparece de manera recurrente en estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de diversos organismos multilaterales.
El crimen ya no sólo delinque; administra territorios.
La literatura internacional utiliza un concepto cada vez más frecuente: “gobernanza criminal” (criminal governance).
No significa que una organización criminal sustituya completamente a un gobierno nacional, sino que en determinados municipios, comunidades o regiones comienza a ejercer funciones propias del Estado.
Impone reglas.
Decide quién puede trabajar.
Quién puede abrir un negocio.
Quién puede transportar mercancías.
Quién puede circular por determinados caminos.
Quién paga “impuestos” mediante el cobro de piso.
Quién habla.
Y quién debe guardar silencio.
El PNUD advierte que en América Latina las organizaciones criminales han ampliado su influencia política y social, penetrando economías locales e instituciones públicas, mientras que diversos estudios vinculados al organismo identifican este fenómeno como uno de los mayores riesgos para la democracia en la región.
Mucho más que narcotráfico
La propia ONU ha insistido durante los últimos años en que reducir el crimen organizado al narcotráfico es un error.
Las organizaciones criminales hoy obtienen enormes ganancias mediante actividades como:
- lavado de dinero;
- trata de personas;
- tráfico de migrantes;
- minería ilegal;
- tala clandestina;
- tráfico de armas;
- extorsión;
- robo de combustibles;
- corrupción pública y privada;
- delitos ambientales y cibernéticos.
La diversificación de estos mercados ilegales les permite construir estructuras económicas paralelas que en muchas ocasiones terminan financiando redes de corrupción y captura institucional.
La violencia es apenas la superficie
Uno de los aspectos más preocupantes es que la reducción temporal de homicidios no necesariamente significa que exista mayor paz.
Especialistas citados por organismos internacionales explican que cuando una organización criminal consolida el control absoluto de un territorio, la violencia incluso puede disminuir, no porque desaparezca el crimen, sino porque desaparece la competencia entre grupos rivales.
Es la llamada “pax mafiosa”: menos asesinatos visibles, pero mayor control criminal sobre la vida cotidiana.
En esos lugares aparentemente “tranquilos”, el poder no pertenece plenamente al Estado, sino a quien decide quién trabaja, quién comercia, quién entra, quién sale y bajo qué condiciones.
América Latina: la región más golpeada
La ONU identifica a América Latina y el Caribe como la región del mundo donde el homicidio asociado al crimen organizado tiene mayor impacto.
Alrededor de la mitad de los homicidios registrados en la región están relacionados con organizaciones criminales, más del doble del promedio mundial.
Además, la región concentra una proporción de homicidios muy superior a su peso demográfico mundial, lo que refleja la capacidad de estas estructuras para combinar violencia, corrupción y control económico.
¿Y México?
Aunque los informes internacionales suelen analizar tendencias regionales y no emitir juicios políticos sobre gobiernos específicos, el caso mexicano aparece de manera constante como uno de los países donde el crimen organizado ha diversificado más rápidamente sus actividades ilícitas y donde la violencia asociada a estas organizaciones continúa siendo un desafío estructural.
La pregunta para México, entonces, quizá ya no sea únicamente cuántos homicidios se cometen cada año.
La pregunta verdaderamente incómoda es otra:
¿Cuánto de la vida pública está siendo organizada por poderes criminales?
Porque cuando una organización criminal cobra impuestos mediante la extorsión, controla mercados, infiltra gobiernos, financia campañas, decide quién puede producir, comerciar o transitar, deja de ser únicamente un problema de seguridad.
Se convierte en un problema de gobernabilidad.
Y cuando el Estado deja espacios vacíos durante demasiado tiempo, alguien termina ocupándolos.
Eso es precisamente lo que los organismos internacionales llevan años advirtiendo: el mayor riesgo ya no es solamente la violencia del crimen organizado, sino su capacidad para convertirse, de facto, en una forma alternativa de gobierno sobre amplios territorios.
