Un pronunciamiento público dirigido a la opinión pública y a diputados y senadores ha irrumpido en el debate nacional sobre la reforma político-electoral. No es un desplegado más. Es un documento que cuestiona la sobrerrepresentación legislativa, defiende la autonomía electoral y plantea revisar la integración del Congreso para preservar el equilibrio democrático.
Lo relevante no es solo el contenido. Son las firmas.
Ahí están Francisco Labastida Ochoa y Diego Fernández de Cevallos, ambos excandidatos presidenciales en momentos decisivos de la historia política del país. Está el senador sonorense Manlio Fabio Beltrones, operador parlamentario de largo aliento y expresidente nacional de partido. Y firma también el especialista Jorge Alcocer V., estudioso del sistema electoral mexicano.
No son comentaristas de coyuntura. Son protagonistas de reformas constitucionales, negociaciones legislativas y procesos de transición democrática. Conocen el diseño institucional desde la competencia electoral, desde la construcción de acuerdos y desde la ingeniería jurídica que dio forma al sistema vigente.
Por eso su advertencia merece análisis.
La sobrerrepresentación no es un tecnicismo académico. Es la diferencia entre reflejar con fidelidad el voto ciudadano o amplificar una mayoría más allá de lo que las urnas determinaron. Cuando el número de curules no corresponde proporcionalmente al porcentaje de votos, el equilibrio del sistema se altera.
Las mayorías democráticas son legítimas. Pero su legitimidad descansa precisamente en reglas claras y proporcionales. Si esas reglas se ajustan para favorecer ventajas estructurales, el riesgo no es inmediato: es acumulativo. Y los sistemas políticos desbalanceados tienden a erosionar la confianza pública con el tiempo.
Reformar no es negativo. Todo sistema puede perfeccionarse. Pero reformar exige visión de Estado, no cálculo de coyuntura.
Desde esta tribuna editorial sostenemos que este llamado debe escucharse con seriedad. No porque lo firmen figuras con trayectoria, sino porque la experiencia histórica demuestra que alterar el equilibrio institucional sin consenso amplio termina debilitando a todos.
El debate está abierto.
Que sea profundo.
Que sea transparente.
Y que las reglas del poder se definan pensando en la democracia que viene, no en la ventaja del momento.
Ignorar la experiencia no es audacia política.
Es una apuesta innecesariamente riesgosa para el país.
