Cinco exfuncionarios de la Secretaría de Salud de Sonora fueron sentenciados a 2 años y 6 meses de prisión por delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sentenciados fueron identificados como Bernardo, Alexander, Francisco, Eduardo e Inés, quienes fueron encontrados responsables de delitos de abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, la investigación comenzó después de que trabajadores de la propia dependencia estatal presentaran una denuncia, lo que dio paso a las indagatorias realizadas por las autoridades federales.
La denuncia salió de la propia Secretaría de Salud
El caso comenzó a partir de una denuncia presentada por empleados de la dependencia, quienes señalaron posibles irregularidades cometidas por los entonces servidores públicos.
La investigación fue llevada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que posteriormente obtuvo la sentencia contra los cinco exfuncionarios.
La resolución establece una pena de dos años y seis meses de prisión por los delitos señalados.
FGR no revela qué cargos ocupaban
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no informó cuáles eran los cargos específicos que desempeñaban los cinco sentenciados dentro de la Secretaría de Salud de Sonora.
Tampoco se dio a conocer públicamente el monto del presunto daño patrimonial relacionado con los hechos investigados.
La falta de estos datos deja todavía varias preguntas sobre el alcance de las irregularidades y las funciones que tenían los involucrados al momento de los hechos.
Cinco exfuncionarios, una misma sentencia
Los nombres proporcionados por la autoridad federal corresponden a Bernardo, Alexander, Francisco, Eduardo e Inés, quienes recibieron la misma pena de 2 años y 6 meses de prisión.
La FGR señaló que la sentencia fue obtenida por el Ministerio Público Federal como resultado de la investigación iniciada a partir de la denuncia de trabajadores de la dependencia estatal.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos y las decisiones tomadas por servidores públicos dentro de instituciones de salud, particularmente cuando existen señalamientos relacionados con el uso de atribuciones y recursos públicos.
