La Suprema Corte de Justicia de la Nación se alista para tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de uno de los casos más comentados en el país: la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera continúe revisando información financiera del empresario Ricardo Salinas Pliego.
El proyecto, que será discutido el próximo 9 de abril, propone dejar sin efectos el amparo promovido por el dueño de Grupo Salinas, lo que permitiría a la UIF analizar datos bancarios y patrimoniales correspondientes a un periodo de hasta 10 años.
Todo se remonta a diciembre de 2021, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió la solicitud de información financiera no solo del empresario, sino de otros 78 nombres vinculados a la filtración internacional conocida como Pandora Papers, donde se expusieron estructuras offshore relacionadas con posibles esquemas fiscales.
El documento, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, plantea que el empresario no tiene interés jurídico suficiente para impugnar la solicitud, ya que se trata de un acto preliminar que no implica sanciones ni congelamiento de cuentas.
En otras palabras, la Corte considera que la petición de información por parte de autoridades financieras no representa, por sí misma, un daño inmediato. Solo en caso de detectarse irregularidades podría derivar en consecuencias legales.
“Se trata de una comunicación inicial entre autoridades para remitir información que será analizada conforme a las facultades de la UIF”, señala el proyecto.
De aprobarse esta postura, el máximo tribunal evitaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes que permiten este tipo de revisiones, lo que significa que dichas herramientas seguirían vigentes para futuras investigaciones.
El caso no ha estado exento de tensiones. En marzo pasado, la Corte determinó que la ministra Lenia Batres no participara en la discusión, luego de que se considerara que sus opiniones previas en redes sociales podrían comprometer su imparcialidad.
Mientras tanto, el litigio ha acumulado retrasos durante casi tres años, en gran parte por recursos legales promovidos por la defensa del empresario.
En paralelo, la Corte ha resuelto otros casos fiscales relacionados con Grupo Salinas, varios de ellos con fallos en contra que suman casi 49 mil millones de pesos en créditos fiscales confirmados.
La decisión que se tome en los próximos días no solo impactará este caso en particular, también podría marcar el alcance que tienen las autoridades para investigar movimientos financieros en México.
