Hermosillo, Sonora, 7 de septiembre 2026.- ¿Quién protege a los ciudadanos cuando es el propio Gobierno el que no puede acreditar que cumple con las normas de Protección Civil?
Miles de trabajadores acuden diariamente a oficinas gubernamentales; niños y maestros permanecen durante horas en escuelas públicas; y pacientes, médicos y personal hacen lo mismo en hospitales.
Todos deberían tener una certeza elemental: que los edificios públicos cumplen con las mismas normas de seguridad que el Gobierno exige a los particulares. Pero existen serias dudas de que así sea.
LA SEC, PRIMERA SEÑAL DE ALERTA
SonoraHoy documentó recientemente una denuncia sobre las condiciones del CAI, antes CENDI No. 1, ubicado detrás de las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en Las Quintas.
Denunciaron que el centro infantil no contaba con su Programa Interno de Protección Civil vigente y señalaron además anomalías en sus instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
Ante ello, SonoraHoy presentó el 13 de agosto de 2026 una solicitud formal de transparencia a la SEC, solicitando el Programa Interno de Protecciópn Civil 2026 de ese CAI y un listado de todas las escuelas públicas de educación básica bajo responsabilidad de la dependencia, especificando cuáles cuentan y cuáles no con un Programa Interno vigente. La solicitud fue desechada y no se obtuvo la información.
La pregunta permanece: ¿Cuántas escuelas y CAI de la SEC cuentan realmente con su Programa Interno de Protección Civil vigente?
LA LEY TAMBIÉN OBLIGA AL GOBIERNO
La Ley 282 de Protección Civil para el Estado de Sonora no establece esta obligación únicamente para los particulares.
Su artículo 65 incluye expresamente entre los sujetos obligados a las “dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal”.
Es decir: la ley también es para el Gobierno.
Una escuela pública, un hospital o una oficina gubernamental no deberían tener un estándar de protección civil menor simplemente porque pertenecen al Estado.
Para los CAI existe además la Ley 5 de junio
En los Centros de Desarrollo Integral Infantil la obligación es todavía más específica. La denominada Ley 5 de Junio aplica a centros públicos, privados y mixtos y establece obligaciones expresas en materia de seguridad y Protección Civil, incluyendo tener visible su Programa Interno de Protección Civil.
Por eso el CAI de la SEC no puede recibir un trato diferente simplemente por pertenecer al Gobierno: la protección de un niño debe ser exactamente la misma en un centro público que en uno privado.
El problema viene de años atrás
El antecedente oficial ya encendía las alertas. En el Programa de Mediano Plazo 2022-2027 de la Coordinación Estatal de Protección Civil, elaborado con información de 2021, la propia autoridad reconoció que tenía identificados 256 Centros de Desarrollo Integral Infantil activos en Sonora, pero solamente 160 habían ingresado su Programa Interno de Protección Civil.
Es decir, 96 centros —el 37.5%— presentaban entonces un déficit en este cumplimiento.
Lo preocupante es que la ley establece una revalidación anual y, hasta ahora, no hemos localizado información pública que permita acreditar cuántos de esos centros cuentan con su PIPC revalidado para 2026. Simplemente esconden la información.
La pregunta para Protección Civil es inevitable: ¿Cuántos CAI operan hoy en Sonora con su Programa Interno vigente y cuántos lo hacen sin haberlo revalidado?
El incumplimiento también tiene consecuencias
Los artículos 93 y 97 de la Ley de Protección Civil contemplan infracciones y responsabilidades por incumplir sus disposiciones, que pueden derivar en sanciones administrativas y, dependiendo de los hechos, responsabilidades civiles o penales.
Sonora ya conoce la gravedad que pueden alcanzar estas omisiones: después del incendio de la Guardería ABC, diversos servidores públicos fueron investigados y procesados penalmente por posibles responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de sus funciones.
Por eso permitir que escuelas, hospitales u oficinas públicas operen incumpliendo las normas de Protección Civil no es un asunto burocrático: si ocurre una tragedia, también tendrá que investigarse quién sabía, quién tenía la obligación de actuar y quién no lo hizo.
¿Quién inspecciona al Gobierno?
Protección Civil inspecciona empresas y establecimientos particulares y puede ordenar medidas correctivas y aplicar sanciones cuando detecta incumplimientos.
Eso está bien. Para eso existe.
Pero ¿actúa con la misma rigurosidad cuando se trata de instalaciones del propio Gobierno?
¿Palacio de Gobierno cuenta con su Programa Interno vigente? ¿El Centro de Gobierno? ¿Los hospitales públicos? ¿Los CAI? ¿Las escuelas públicas?
El Gobierno debería transparentar esta información y acreditar que cumple exactamente con aquello que exige a los particulares.
Los acontecimientos recientes vuelven a demostrar que Protección Civil no es simplemente un expediente. Se han presentado accidentes en instalaciones educativas y recientemente un conato de incendio obligó a evacuar oficinas del ISSSTESON en Hermosillo. La periodista Michelle Rivera publico cómo la conseje de una escuela cayó en un socavón dentro de un kinder en Hermosillo.
La prevención existe precisamente para actuar antes de que ocurra una tragedia, no para buscar responsables después.
LA LEY ES PARA TODOS. TAMBIÉN PARA EL GOBIERNO
No puede exigirse a los particulares aquello que el propio Gobierno no cumple. Protección Civil no puede ser implacable hacia afuera y tolerante hacia adentro.
Un niño en una escuela pública merece exactamente la misma protección que uno en una escuela privada. Un paciente de un hospital público merece la misma seguridad que quien se encuentra en uno privado. Y un trabajador gubernamental tiene el mismo derecho a permanecer en instalaciones seguras que cualquier trabajador de una empresa.
Ojalá no tenga que ocurrir otra tragedia en Sonora para que las autoridades reaccionen. La experiencia de la Guardería ABC debería ser suficiente para entender que en Protección Civil las omisiones pueden costar vidas y que, cuando ocurre una desgracia, comienza también la búsqueda de responsabilidades.
LA MEJOR FORMA DE CELEBRAR PROTECCIÓN CIVIL ES CUMPLIENDO LA LEY
Este mes de septiembre se conmemora la Protección Civil en México, y en Sonora sobrarán seguramente los simulacros, ceremonias, discursos y reconocimientos.
Pero quizá exista una manera mucho más sencilla y efectiva de conmemorarla: cumplir la ley.
Que el Gobierno revise sus propias oficinas, escuelas, hospitales y centros infantiles; que corrija los riesgos existentes y que cada dependencia pueda acreditar que cuenta con sus Programas Internos de Protección Civil vigentes.
La responsabilidad comienza desde arriba: el gobernador Alfonso Durazo, los secretarios y los funcionarios responsables de cada inmueble público deben de cumplir la Ley.
Ojalá nunca tenga que ocurrir otra tragedia para hacerlo. Sonora ya aprendió, de la manera más dolorosa, que después de una desgracia vienen las investigaciones y las preguntas: quién sabía, quién tenía que actuar y quién no lo hizo.
Por eso, este septiembre, la mejor manera de conmemorar la Protección Civil no es con discursos ni ceremonias. Es previniendo, corrigiendo riesgos y, sobre todo, cumpliendo la ley.Porque la Protección Civil empieza por casa. Y la casa del Gobierno también tiene que cumplir.
