Hoy inicia un periodo extraordinario del Congreso mexicano marcado por las prisas. La mayoría legislativa busca aprobar reformas judiciales y electorales en cuestión de días, sin tiempo real para análisis técnicos, discusión pública o revisión de especialistas.
La reforma judicial corrige un problema evidente: la elección judicial de 2027 se movería a 2028 porque el modelo original era prácticamente inviable. Pero el fondo sigue intacto. Las siguientes elecciones judiciales continuarán coincidiendo con elecciones partidistas y ahora se pretende que una misma casilla mezcle cargos políticos y judiciales.
También se plantea revisar posibles vínculos entre candidaturas y el crimen organizado, aunque la coordinación recaería en el INE y no en fiscalías o áreas de inteligencia. Además, la revisión de antecedentes sería voluntaria para los partidos y no toca el verdadero problema: la captura de campañas por grupos criminales.
La otra gran polémica es la nulidad electoral por intervención extranjera. La iniciativa deja conceptos tan ambiguos que prácticamente cualquier presión internacional, campaña digital o declaración externa podría convertirse en argumento para impugnar elecciones.
El riesgo es abrir una etapa de judicialización permanente de la política mexicana. Reformas hechas con prisa, redactadas en medio de tensiones políticas y con vacíos que pueden terminar generando más incertidumbre que soluciones.
