CHIHUAHUA.— La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Chihuahua provocó una nueva confrontación política entre la gobernadora Maru Campos y Morena.
Tras el fallo emitido el 29 de septiembre, la mandataria acusó a la Corte de retirar de la legislación estatal disposiciones que, según su interpretación, buscaban impedir que el crimen organizado pudiera influir en las elecciones y beneficiar a determinadas candidaturas.
Campos fue más allá y sostuvo que la resolución deja un escenario en el que un candidato que reciba apoyo del narcotráfico podría conservar su candidatura.
“Morena litigó y la Corte le concedió que el candidato que gane con el narco se quede con la candidatura”, afirmó la gobernadora.
La acusación de Campos se refiere a la decisión de la SCJN de invalidar determinadas normas del régimen sancionador electoral de Chihuahua, entre ellas disposiciones que establecían consecuencias para candidaturas que obtuvieran beneficios derivados de actos ilícitos cometidos por terceras personas.
¿Qué resolvió realmente la Suprema Corte?
El Pleno de la SCJN analizó las acciones de inconstitucionalidad 96/2026, 97/2026, 99/2026 y 103/2026, relacionadas con la reforma electoral aprobada por el Congreso de Chihuahua y publicada el pasado 30 de junio.
Una de esas acciones fue promovida por Morena. Las demás fueron presentadas por legisladores locales y por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.
La Corte declaró parcialmente fundadas las impugnaciones y dejó sin efecto diversas disposiciones de la reforma.
Entre ellas estuvo el esquema que establecía responsabilidad para personas aspirantes, precandidatas o candidatas por actos ilícitos cometidos por terceros de los que hubieran obtenido algún beneficio.
Los ministros consideraron que ese mecanismo podía establecer una forma de responsabilidad objetiva, incompatible con principios constitucionales como culpabilidad, presunción de inocencia y legalidad.
También quedó sin efecto la pérdida automática del derecho a ser registrada como candidata o la cancelación automática del registro como sanción.
La Corte determinó que las autoridades electorales deben analizar las circunstancias particulares de cada caso e individualizar las consecuencias conforme a criterios de proporcionalidad.
La Corte no eliminó toda posibilidad de anular una elección por intervención criminal
Este es uno de los puntos que han generado mayor controversia después del fallo.
Aunque Campos afirmó que la resolución elimina el blindaje contra el crimen organizado, la información sobre la sentencia señala que la SCJN sí mantuvo la posibilidad de anular una elección cuando se acrediten hechos o actos de delincuencia permanente o sistemática con incidencia en el proceso electoral.
Sin embargo, estableció que esas irregularidades deben reunir características constitucionales: ser graves, dolosas y determinantes para el resultado de la elección.
Por ello, el fallo no significa que la intervención del crimen organizado carezca automáticamente de consecuencias electorales.
Lo que cambió fue el mecanismo y los requisitos para determinar responsabilidades y sanciones en cada caso.
Maru Campos acusa a Morena de haber impugnado la reforma
La gobernadora recordó que el Congreso de Chihuahua había aprobado meses atrás modificaciones destinadas a endurecer las consecuencias de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Según Campos, la reforma buscaba que una elección pudiera ser anulada cuando se acreditara la participación del crimen organizado y que una candidatura beneficiada directamente por esa intervención pudiera perder su registro.
La mandataria señaló que Morena votó en contra de esas disposiciones en el Congreso local y posteriormente presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
“Sí: Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco. Y como no le alcanzaron los votos, corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara”, sostuvo Campos.
Morena, por su parte, ha sostenido que su impugnación fue un recurso jurídico contra diversos elementos de la reforma y ha rechazado que su postura implique permitir la intervención del crimen organizado en las elecciones.
“El narco puede meter dinero en una campaña”, advierte Campos
En su posicionamiento, la gobernadora planteó uno de los escenarios que considera más preocupantes después de la resolución.
Campos sostuvo que la delincuencia organizada puede intervenir mediante financiamiento, amenazas o violencia y favorecer a una candidatura, pero cuestionó que, bajo las disposiciones invalidadas, no exista una consecuencia automática para quien resulte beneficiado.
“El narco puede meter dinero en una campaña. Puede amenazar y matar candidatos. Puede decidir quién compite y quién no”, afirmó.
La gobernadora también acusó a Morena de ser responsable de haber recurrido a la Corte para impugnar las disposiciones.
“Hay que decirlo con nombre: el responsable es Morena”, declaró Campos, quien aseguró que sus señalamientos pueden contrastarse con las actas del Congreso y el expediente judicial.
¿Qué pasa ahora con las elecciones en Chihuahua?
La resolución tendrá efectos sobre el marco jurídico que regirá el proceso electoral 2026-2027 en Chihuahua.
La SCJN también determinó que el Congreso local deberá realizar adecuaciones para armonizar la legislación estatal con la Constitución federal en materia de injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.
Al mismo tiempo, permanecen vigentes otras disposiciones de la reforma electoral estatal, entre ellas determinadas reglas de representación proporcional, cómputos y facultades operativas del Instituto Estatal Electoral.
La Corte también validó el requisito de separación de seis meses para determinados servidores públicos que busquen competir por la gubernatura.
Maru Campos anuncia que buscará otra vía
Aunque la gobernadora aseguró que su administración acatará la resolución de la Suprema Corte, adelantó que buscará una nueva vía legislativa para impedir que el crimen organizado tenga influencia en las elecciones.
“Si nos cerraron un camino, abriremos otro”, sostuvo.
El enfrentamiento deja así abierto un nuevo capítulo político en Chihuahua, justo cuando el estado se encamina al proceso electoral de 2027 y Morena ya definió a Cruz Pérez Cuéllar como su perfil para buscar la gubernatura.
Por ahora, la discusión no está únicamente en quién competirá por el gobierno estatal, sino también en cuáles serán las reglas que deberán aplicarse si durante la campaña o la elección se acredita intervención del crimen organizado.
