GUERRERO.— El caso Ayotzinapa vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública tras la decisión de una juez federal de vincular a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora de Guerrero, señalada por su presunta participación en la desaparición de evidencia clave.
La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que la exfuncionaria enfrente un proceso penal.
Junto a ella también fue vinculada Margarita Anguiano Castro, quien fue detenida en el mismo operativo.
Ambas enfrentarán cargos por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de psicotrópicos con fines de comercio, así como por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la detención ocurrió durante un cateo en un departamento de la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se aseguraron cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados.
Sin embargo, lo que ha generado mayor impacto es la presunta relación de Estrada Ortega con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
Estas grabaciones corresponden a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente, momento en el que desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Las investigaciones apuntan a que dicho material podría haber captado el instante en que policías locales interceptaron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas.
Tras la resolución judicial, se dictó prisión preventiva de oficio para ambas imputadas, quienes ya fueron trasladadas al penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde permanecerán mientras se desarrolla el proceso.
El juez también fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar nuevas pruebas.
Es importante señalar que la vinculación a proceso no representa una sentencia, sino que establece que existen indicios suficientes para continuar con el caso, por lo que las acusadas deberán ser consideradas inocentes hasta que se emita una resolución definitiva.
Este nuevo avance revive cuestionamientos sobre uno de los episodios más dolorosos y polémicos del país, que a más de una década sigue sin una respuesta definitiva.
