WASHINGTON, D.C.- El acceso a pistolas en Estados Unidos enfrenta un cambio en la aplicación de las reglas federales después de que el Departamento de Justicia (DOJ) concluyera que no puede imponer sanciones penales a distribuidores autorizados que vendan este tipo de armas a adultos de entre 18 y 20 años, siempre que se trate de personas que cumplan con los demás requisitos legales.
La determinación fue emitida por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia y sostiene que las disposiciones federales que restringían esas ventas son incompatibles con la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.
El cambio no significa que cualquier persona de 18 años pueda comprar una pistola sin restricciones. La opinión se refiere específicamente a distribuidores con licencia y adultos que, por lo demás, pueden poseer legalmente un arma. Las demás prohibiciones federales aplicables a la posesión y venta de armas continúan vigentes.
¿Qué cambió en Estados Unidos?
La legislación federal, específicamente las secciones 922(b)(1) y 922(c)(1) del Título 18 del Código de Estados Unidos, había establecido restricciones para que los distribuidores con licencia vendieran pistolas y munición para pistolas a personas menores de 21 años.
La Oficina de Asesoría Legal determinó ahora que esas disposiciones no pueden utilizarse para imponer sanciones penales a distribuidores que vendan pistolas a adultos de 18, 19 y 20 años que sean legalmente elegibles para poseerlas.
El análisis del DOJ se apoya en la interpretación de la Segunda Enmienda desarrollada por la Suprema Corte en casos como District of Columbia v. Heller y New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, además de una decisión posterior citada por la propia oficina.
¿Por qué considera inconstitucional la prohibición?
La opinión sostiene que los adultos de 18 a 20 años forman parte de “the people”, es decir, de las personas protegidas por la Segunda Enmienda.
El documento argumenta que, a partir de los 18 años, los ciudadanos estadounidenses adquieren distintas responsabilidades y derechos dentro del sistema jurídico, como votar, participar en jurados y estar sujetos al servicio militar obligatorio en determinadas circunstancias. Con base en ese razonamiento, el DOJ considera que también están protegidos por el derecho constitucional a poseer y portar armas.
La Oficina de Asesoría Legal también sostiene que no encontró una tradición histórica suficientemente comparable que justificara excluir a los adultos de 18 a 20 años de la posibilidad de adquirir armas de fuego únicamente por su edad.
¿Significa que desde ahora todos los jóvenes de 18 años podrán comprar una pistola?
No necesariamente.
La opinión del Departamento de Justicia se refiere a la aplicación de la prohibición federal a distribuidores con licencia y a adultos de 18 a 20 años que sean legalmente elegibles para poseer armas.
Eso significa que siguen existiendo otras restricciones federales y estatales. La decisión tampoco elimina automáticamente las leyes estatales que establezcan requisitos adicionales, por lo que las condiciones pueden variar dependiendo del estado.
El propio DOJ señala que su conclusión se limita a las disposiciones federales analizadas en la opinión.
Una decisión que abre un nuevo debate sobre la Segunda Enmienda
La determinación llega en medio de una serie de acciones del Departamento de Justicia relacionadas con las regulaciones sobre armas de fuego.
Dos días antes, el 16 de septiembre, el DOJ presentó una demanda contra San José, California, por las tarifas que cobra la ciudad para obtener una licencia para portar un arma, argumentando que esos costos afectan derechos protegidos por la Segunda Enmienda.
La nueva opinión sobre los adultos de 18 a 20 años forma parte de esa misma discusión jurídica, pero se concentra en una cuestión específica: si el gobierno federal puede castigar penalmente a un distribuidor autorizado por vender una pistola a un adulto de esa edad que puede poseer legalmente un arma.
La Oficina de Asesoría Legal respondió que no.
