Durante años, la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad se construyó sobre la cooperación bilateral, el intercambio de inteligencia y los mecanismos diplomáticos tradicionales. Sin embargo, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, el discurso oficial estadounidense ha evolucionado hacia una narrativa cada vez más dura, en la que diversos actores políticos y de seguridad han comenzado a presentar la situación mexicana como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.
La evidencia no se encuentra en una sola declaración aislada, sino en una cadena de al menos 27 episodios públicos protagonizados por el presidente Donald Trump, integrantes de su gabinete, mandos militares, funcionarios de seguridad nacional y documentos oficiales del gobierno estadounidense. Analizados en conjunto, estos posicionamientos muestran una ruta clara de endurecimiento político, jurídico y operativo respecto a México.
EL PRIMER PASO: LA EMERGENCIA
El 20 de enero de 2025, durante su primer día en funciones, Donald Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur y anunció medidas extraordinarias para enfrentar lo que calificó como una amenaza a la seguridad y soberanía estadounidense.
Ese mismo día, documentos oficiales de la Casa Blanca comenzaron a utilizar términos poco comunes en la relación bilateral, describiendo amenazas transnacionales capaces de desafiar la seguridad nacional de Estados Unidos y justificando una mayor participación de agencias de defensa y seguridad.
El mensaje fue claro: el problema dejaría de abordarse exclusivamente desde una óptica migratoria o de combate al narcotráfico.
EL CAMBIO DE NARRATIVA
El segundo paso fue modificar el lenguaje oficial.
A lo largo de 2025 comenzaron a multiplicarse referencias a amenazas estratégicas, terrorismo, vigilancia militar, inteligencia avanzada y operaciones de seguridad nacional. La narrativa evolucionó de un enfoque criminal hacia uno relacionado con riesgos directos para la seguridad de Estados Unidos.
Este cambio es relevante porque en política internacional las palabras suelen preceder a las acciones. Cuando una amenaza es reclasificada, también cambian las herramientas legales y operativas que un gobierno puede utilizar para enfrentarla.
LA DESIGNACIÓN DE SEIS GRUPOS TERRORISTAS
El 20 de febrero de 2025 ocurrió uno de los movimientos más significativos cuando Estados Unidos formalizó la designación de seis organizaciones mexicanas como grupos terroristas extranjeros.
La decisión amplió las facultades de las agencias estadounidenses para perseguir redes financieras, colaboradores, operadores logísticos y cualquier estructura vinculada a dichas organizaciones.
Más allá de las implicaciones jurídicas, la medida marcó un antes y un después en la relación bilateral al elevar el problema a una categoría de seguridad nacional.
LA MILITARIZACIÓN DEL DISCURSO
Conforme avanzaron los meses comenzaron a aparecer declaraciones que hace algunos años parecían improbables.
Tom Homan habló de la posibilidad de utilizar recursos militares en determinados escenarios.
El general Gregory Guillot, comandante del NORTHCOM, confirmó el incremento de operaciones de vigilancia aérea y recopilación de inteligencia sobre territorio mexicano.
Posteriormente, funcionarios como JD Vance y Pete Hegseth insistieron en que frente a estas amenazas “todas las opciones están sobre la mesa”, aunque aclararon que no existía un plan formal para una intervención militar en México.
Aun así, la constante referencia a inteligencia estratégica, vigilancia aérea, recursos militares y combate al terrorismo modificó sustancialmente el tono de la conversación pública en Washington.
¿CAMBIA TAMBIÉN LA POLÍTICA MEXICANA?
La creciente presión de Washington también ha comenzado a generar un fenómeno poco común en la política nacional. Tradicionalmente, prácticamente todas las fuerzas políticas mexicanas habían mantenido una posición unificada en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a cualquier participación extranjera en asuntos de seguridad interna. Sin embargo, en los últimos meses algunas voces de la oposición han roto ese consenso histórico. La senadora Lilly Téllez, por ejemplo, ha solicitado públicamente el respaldo del gobierno estadounidense para enfrentar la crisis de seguridad en México, una postura que generó una fuerte controversia y abrió un debate que hasta hace poco parecía impensable. Aunque no existen pronunciamientos relevantes de organismos empresariales o partidos políticos respaldando una intervención militar extranjera, el simple hecho de que figuras políticas mexicanas comiencen a plantear públicamente la necesidad de una participación más activa de Estados Unidos refleja el nivel de preocupación que existe frente al deterioro de la seguridad y demuestra que el debate ya no se limita únicamente a Washington, sino que también empieza a encontrar eco dentro de México.
LA ESCALADA CONTINÚA
Lejos de moderarse, el discurso estadounidense se ha intensificado en las últimas semanas. Durante la reciente cumbre del G7, el presidente Donald Trump afirmó que México “ha perdido el control de su país”, aseguró que las organizaciones criminales “controlan totalmente México” y sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum es “una mujer muy buena, pero muy asustada” frente a la situación de seguridad. Se trata probablemente de una de las declaraciones más duras realizadas por un presidente estadounidense en funciones hacia un mandatario mexicano en tiempos recientes.
La respuesta de la presidenta mexicana fue evitar una confrontación directa, aunque rechazó las afirmaciones. Durante su conferencia matutina señaló que Trump “no está bien informado” sobre lo que ocurre en México y afirmó que su gobierno no puede reaccionar a cada declaración proveniente de Washington. Sheinbaum insistió en que existe cooperación entre ambos países, pero reiteró que ésta debe darse con respeto a la soberanía nacional y sin subordinación.
Estas declaraciones cobran especial relevancia porque ocurren después de la designación de seis organizaciones mexicanas como grupos terroristas extranjeros, del incremento de operaciones de inteligencia y vigilancia, y en medio de señalamientos e investigaciones difundidas por autoridades y medios estadounidenses que han alcanzado a figuras políticas de alto nivel, entre ellas al gobernador Rubén Rocha Moya y algunos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa cercanos.
Este nuevo episodio parece confirmar que la presión ya no se limita a las organizaciones criminales, sino que comienza a extenderse hacia actores políticos, e institucionales, elevando aún más la tensión en la relación bilateral.
Por otro lado, algunos analistas observan similitudes entre la narrativa que hoy se construye respecto a México y la utilizada anteriormente por Washington en otros escenarios de América Latina. Antes de acciones más agresivas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno estadounidense desarrolló durante años un discurso basado en acusaciones de narcotráfico, corrupción, terrorismo, amenazas a la seguridad regional y presuntos vínculos de altos funcionarios con estructuras criminales. Hoy, aunque México y Venezuela representan realidades completamente distintas, la secuencia de acontecimientos llama la atención: declaraciones cada vez más severas desde la Casa Blanca, señalamientos contra actores políticos, designaciones de organizaciones terroristas y advertencias de que “todas las opciones están sobre la mesa”. La pregunta que comienza a surgir entre especialistas en seguridad y relaciones internacionales es si Washington está siguiendo una estrategia similar de construcción política y jurídica para justificar medidas extraordinarias en el futuro.
La reciente desescalada del conflicto con Irán también modifica el tablero geopolítico. Durante meses, gran parte de la atención de la Casa Blanca estuvo concentrada en Medio Oriente. Sin embargo, una vez estabilizado ese frente, la atención estratégica de Washington podría regresar con mayor intensidad al hemisferio occidental, particularmente a México, país que hoy aparece de manera recurrente en los discursos de seguridad nacional, combate al terrorismo y control fronterizo de la administración Trump. No significa que exista una decisión de intervenir, pero sí que México parece ocupar cada vez más espacio en la agenda de seguridad de Estados Unidos.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA SONORA?
Para Sonora, estado fronterizo y uno de los principales puntos de conexión entre México y Estados Unidos, este cambio de narrativa tiene implicaciones directas.
Mayor vigilancia aérea y tecnológica.
Más intercambio de inteligencia.
Mayor presión diplomática sobre autoridades estatales y municipales.
Incremento de la cooperación en materia de seguridad.
Y un escrutinio cada vez más intenso sobre las actividades que ocurren en la franja fronteriza.
La posición geográfica de Sonora convierte a la entidad en una de las regiones más sensibles frente a cualquier modificación en la estrategia de seguridad estadounidense.
LA PREGUNTA DE FONDO
Cuando se observan las 27 declaraciones en orden cronológico aparece un patrón difícil de ignorar. Ninguna de estas acciones significa por sí misma que Estados Unidos esté preparando una intervención en México. Pero juntas revelan algo más importante: la construcción gradual de una narrativa política, jurídica y operativa que permitiría justificar medidas cada vez más contundentes en nombre de la seguridad nacional estadounidense.
La pregunta ya no es cuántas veces lo han dicho. La pregunta es qué ocurrirá si algún día deciden actuar.
