Cuando un sismo, un huracán o cualquier otro fenómeno perturbador de gran intensidad impacta una
comunidad, la prioridad siempre será proteger la vida. Sin embargo, una vez controlada la emergencia
surge una pregunta igual de importante: ¿cómo financiamos la recuperación?
La respuesta no es sencilla. Restablecer carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de agua potable,
energía eléctrica o infraestructura estratégica puede representar miles de millones de pesos. Y mientras
esos servicios no se recuperan, la economía se detiene, las empresas interrumpen operaciones y miles
de familias ven alterada su vida cotidiana.
Por ello, resulta positivo que México continúe fortaleciendo sus mecanismos de protección financiera
frente a este tipo de eventos. Sin embargo, también es importante comprender qué significan realmente
estos instrumentos y, sobre todo, qué papel deben desempeñar la transparencia y la participación
ciudadana para garantizar que cumplan su propósito.
México no empieza de cero
En días recientes se ha difundido ampliamente la contratación de un nuevo seguro catastrófico
administrado por Agroasemex. Aunque algunos lo presentan como una innovación sin precedentes o
incluso como el sustituto del antiguo FONDEN, conviene hacer una precisión: México no parte de cero
en materia de protección financiera del riesgo.
Desde hace más de dos décadas, nuestro país ha sido pionero en el uso de seguros catastróficos,
reaseguros internacionales y Bonos Catastróficos (Cat Bonds), reconocidos a nivel mundial como
instrumentos para enfrentar el impacto económico de fenómenos de gran magnitud. Lo que hoy
observamos no es el inicio de un nuevo modelo, sino la evolución de una estrategia que busca fortalecer
la capacidad financiera del Estado para responder con mayor oportunidad y eficacia.
Del ahorro a la transferencia del riesgo
México ha evolucionado de depender exclusivamente de recursos presupuestales para la
reconstrucción a complementar su estrategia con seguros y reaseguros internacionales. Al igual que una
empresa protege sus activos, el Estado puede transferir parte del riesgo financiero para disponer de
recursos oportunos frente a eventos extraordinarios. Estos mecanismos no eliminan el riesgo, pero sí
fortalecen la capacidad de respuesta y reducen el impacto económico inmediato.
¿Qué es un seguro paramétrico?
Una de las principales fortalezas del esquema actual es el uso de seguros paramétricos, que se activan
con base en indicadores objetivos previamente definidos, como la magnitud de un sismo o la intensidad
de un ciclón tropical, sin necesidad de esperar la cuantificación de los daños. Esto permite disponer de
recursos en mucho menor tiempo que un seguro convencional, una ventaja fundamental cuando la
prioridad es restablecer infraestructura y servicios esenciales con la mayor rapidez posible.
Un beneficio indirecto para toda la sociedad
Es importante precisar que este tipo de seguros no indemniza directamente a las familias ni sustituye los
seguros de viviendas, comercios o empresas. Su propósito es proteger las finanzas públicas,
proporcionando al Estado liquidez para restablecer con rapidez infraestructura estratégica y servicios
esenciales, como la energía eléctrica, las carreteras, los hospitales o el suministro de agua potable. En
ese sentido, más que una indemnización, constituyen una inversión en la continuidad de las funciones
esenciales del país y en una recuperación más ágil para toda la sociedad.
La resiliencia no se compra únicamente con una póliza
Un seguro no hace resiliente a un país. Sólo fortalece su capacidad financiera para recuperarse. La
verdadera resiliencia se construye antes del impacto: reduciendo vulnerabilidades, ordenando el
territorio, fortaleciendo la infraestructura, cumpliendo las normas y fomentando una auténtica cultura
de la prevención. Porque los desastres no son naturales; ocurren cuando un fenómeno perturbador
encuentra una sociedad vulnerable.
La transparencia: el blindaje que fortalece la resiliencia
La liquidez inmediata es indispensable para una recuperación oportuna, pero nunca debe convertirse en
un cheque en blanco. La transparencia y la rendición de cuentas también forman parte de la resiliencia.
Incorporar a la sociedad civil organizada, colegios de profesionistas, universidades y organismos
técnicos como observadores y evaluadores de la reconstrucción fortalecería la confianza ciudadana y
contribuiría a que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, objetividad y en beneficio de la
población.
Celebro que México continúe fortaleciendo sus mecanismos de protección financiera mediante seguros
y reaseguros. La resiliencia financiera permite recuperar recursos; la resiliencia institucional genera
confianza; y la resiliencia social fortalece a las comunidades. Sólo cuando estos tres pilares trabajan de
manera coordinada podremos afirmar que México está realmente preparado para enfrentar los desafíos
del futuro. Porque la mejor política pública no es la que reconstruye más rápido, sino la que logra que
cada vez tengamos menos que reconstruir.
