La asociación Conservando los Valores de la Familia en Sonora (Covafam) rechazó que las imágenes difundidas en redes sociales sobre presuntas malas condiciones correspondan a estancias infantiles que actualmente operan en la entidad.
Durante una manifestación, Guadalupe Lizeth Villalobos López, representante de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles y CADI, así como de Covafam en Sonora, aseguró que parte del material viralizado muestra inmuebles que dejaron de funcionar como centros de atención infantil o que incluso cambiaron de domicilio, por lo que pidió no generar confusión entre la ciudadanía.
La representante explicó que desde un día antes entregaron a medios de comunicación un listado con las estancias infantiles que actualmente se encuentran en operación, e incluso hizo una invitación pública para recorrerlas y verificar sus condiciones.
“Vimos imágenes de inmuebles que ni siquiera conocemos y otros que en algún momento sí fueron centros, pero ya cambiaron de domicilio. Hay que informar correctamente y no confundir a la sociedad”, expresó.
Villalobos López sostuvo que las estancias afiliadas cuentan con auditorías y dictámenes que respaldan su funcionamiento. Entre ellos mencionó revisiones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), además de documentos emitidos en materia de Protección Civil.
Sin embargo, la discusión no se quedó en las imágenes difundidas en redes. La representante de Covafam también señaló que uno de los problemas de fondo es la falta de una regulación específica para los centros de educación inicial en Sonora. Según explicó, desde hace más de siete años las asociaciones mantienen gestiones con autoridades estatales y diputadas y diputados para construir un marco normativo que permita regular este tipo de instituciones con reglas claras.
Mientras Covafam defendía la operación de sus estancias y pedía corregir la información difundida, desde el Congreso del Estado se mantuvo una postura distinta.
La presidenta del Congreso local, Alejandra López Noriega, reiteró que la prioridad debe ser la protección de la niñez y el uso legal, transparente y responsable de los recursos públicos. Señaló que, con base en la información técnica y administrativa disponible, las estancias vinculadas a Covafam no han acreditado el cumplimiento de distintos requisitos establecidos tanto en la legislación como en las convocatorias para acceder a financiamiento público.
Entre las observaciones, detalló, se encuentran pendientes relacionados con Protección Civil, certificaciones del personal, integración de equipos multidisciplinarios para la atención de niñas y niños, así como suficiencia de personal para prestar el servicio conforme a la normatividad aplicable.
López Noriega agregó que, de acuerdo con antecedentes administrativos, no ha sido posible realizar de manera regular procesos de supervisión y verificación por parte del DIF Sonora y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), situación que, dijo, impide comprobar plenamente las condiciones de operación, seguridad y atención en las estancias.
La legisladora también sostuvo que las solicitudes de financiamiento presentadas no acreditan el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 5 de Junio, por lo que actualmente no existirían condiciones legales para respaldar la asignación de recursos públicos a esos centros.
En medio del cruce de posturas, el punto de coincidencia sigue siendo el mismo: el cuidado de niñas y niños. Mientras el Congreso insiste en que el presupuesto debe sujetarse a la ley y a verificaciones completas, las representantes de las estancias infantiles reiteraron su disposición para solventar observaciones, acreditar requisitos y mantener el diálogo con las autoridades.
La controversia abrió dos frentes al mismo tiempo: por un lado, la discusión sobre la autenticidad de las imágenes que circularon en redes; por otro, el debate sobre la supervisión, regulación y acceso a recursos públicos para las estancias infantiles en Sonora.
