La primera plana de La Jornada —hoy por hoy el periódico más cercano, casi in house, del gobierno federal— celebra el anuncio de la SHCP: reducción de 54% en amortizaciones de deuda externa para 2027, 61% para 2028 y 15% para 2029, “finanzas sanas sin aumentar impuestos” y una Presidenta “optimista y muy satisfecha” con las perspectivas del PIB. Leído con la lupa de un banquero de organismos multilaterales, el mensaje no resiste el primer filtro: reperfilar amortizaciones no es lo mismo que reducir deuda. Es refinanciamiento —pagar menos hoy a cambio de pagar más después, casi siempre a un costo financiero mayor si el perfil de riesgo del país se ha deteriorado, como ha ocurrido.
¿QUÉ DICEN REALMENTE LAS CALIFICADORAS?
Mientras el discurso oficial habla de finanzas sanas, Moody’s recortó a México a Baa3 y Fitch mantiene la nota en BBB-: ambas agencias colocan al país en el último escalón antes del grado especulativo, el temido “bono basura”. S&P conserva un peldaño más de colchón, pero con perspectiva negativa. Las tres coinciden en el mismo diagnóstico técnico: bajo crecimiento, debilidad fiscal y, sobre todo, el lastre de Pemex y CFE, cuyas pérdidas operativas obligan al gobierno federal a inyectarles capital de forma recurrente —deuda que, aunque no siempre aparece como “deuda pública” en el discurso, sí la evalúan así los mercados y los bancos que financian a México.
LO QUE CONFIRMA EL PROPIO PAQUETE ECONÓMICO 2027
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que el secretario de Hacienda entregó esta semana al Congreso —y que la mayoría de Morena aprobará sin grandes cambios— contempla un gasto neto de 10.5 billones de pesos para 2027. De ese total, poco más de 1 billón de pesos se destina a programas sociales, mientras que el costo financiero de la deuda —es decir, solo el pago de intereses, sin abonar a capital— asciende a 1.575 billones de pesos, prácticamente el mismo tamaño que todo el gasto social del país. Es, literalmente, patear el bote hacia las próximas generaciones: pagar intereses para sostener una deuda que, según cifras oficiales, pasó de 10.5 billones de pesos en 2018 a un estimado de 21.7 billones para 2027 —un incremento nominal de 106% en menos de una década de la 4T—, llevando el saldo de la deuda pública a 55% del PIB, el nivel más alto desde 1990.
¿POR QUÉ IMPORTA A QUIEN DECIDE DÓNDE INVERTIR SU CAPITAL?
Para un inversionista extranjero o un banco sindicado que evalúa refinanciar a Pemex, lo que importa no es el titular de una conferencia matutina, sino la trayectoria de la calificación soberana y la capacidad de pago sostenida en el tiempo. Y aquí está el segundo foco rojo: la inversión extranjera directa creció en 2025, pero el 67.8% de esa cifra es reinversión de utilidades de empresas que ya estaban aquí —no capital nuevo, no plantas nuevas. Los anuncios de proyectos greenfield cayeron de 44 mil a 24 mil millones de dólares. El nearshoring, la gran promesa, avanza más lento de lo prometido.
¿ES SOSTENIBLE DECIR “FINANZAS SANAS” A UN PASO DEL GRADO ESPECULATIVO?
Ningún organismo multilateral serio calificaría de “sanas” unas finanzas que están, literalmente, a un solo escalón de perder el grado de inversión con dos de las tres calificadoras, y que duplican su deuda pública nominal en ocho años mientras destinan más al servicio de esa deuda que a los programas sociales que el discurso oficial presume como prioridad. La pregunta que debería estar en la portada no es cuánto bajó la amortización de 2027, sino qué va a pasar con Pemex, CFE y con cada mexicano que hereda esa factura, si el crecimiento sigue por debajo del 1%, como ya proyecta Moody’s. El optimismo declarado en Palacio Nacional no sustituye al análisis técnico que hacen quienes realmente deciden si prestarle a México, o dónde invertir su próximo dólar.
Luis Fernando Heras — SonoraStar
