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20 de octubre de 2026
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UIF inmoviliza cuentas de mando naval que administró los principales puertos de México

Víctor Manuel Ozuna Díaz, quien encabezó la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria entre 2022 y 2024, promovió un amparo para recuperar el acceso a sus recursos, mientras el caso continúa en tribunales.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del Contralmirante de la Secretaría de Marina, Víctor Manuel Ozuna Díaz, quien entre 2022 y 2024 estuvo al frente de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, área encargada de supervisar las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

De acuerdo con registros judiciales, la medida fue aplicada mediante el acuerdo 151/2026, derivado de sospechas relacionadas con el posible manejo de recursos de origen ilícito.

Tras el congelamiento de sus cuentas, inversiones y fondos electrónicos, el mando naval promovió un juicio de amparo con el propósito de recuperar el acceso a sus recursos financieros.

Sin embargo, de acuerdo con la información disponible en el expediente judicial, la suspensión provisional que solicitó aparentemente fue negada, por lo que el bloqueo permanecería vigente mientras continúa el proceso legal.

Hasta el momento, Víctor Manuel Ozuna Díaz no ha sido acusado públicamente de algún delito, y el congelamiento de cuentas por parte de la UIF no constituye por sí mismo una imputación penal ni una resolución sobre responsabilidad por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El litigio ahora continuará en los tribunales federales, donde el Contralmirante también cuestiona la constitucionalidad del plazo de cinco días hábiles establecido por la legislación vigente para presentar pruebas y defenderse ante una determinación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Durante su gestión al frente de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, Ozuna Díaz tuvo bajo supervisión corporativa las Administraciones del Sistema Portuario Nacional, responsables de la operación de los principales puertos comerciales del país.

Será el Poder Judicial el que determine, conforme avance el procedimiento, la legalidad del congelamiento de cuentas y los argumentos presentados por ambas partes.

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