Pío López Obrador volvió a recurrir a los tribunales.
El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó un juicio de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) para reclamar que el Ministerio Público determine si ejercerá o no acción penal dentro de una carpeta de investigación iniciada en 2023.
El recurso está relacionado con el expediente FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023 y fue presentado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Gabriela Sandoval Saavedra.
¿Qué reclama Pío López Obrador?
El acto que reclama en el amparo es la presunta dilación del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) de la Ciudad de México.
En términos simples, Pío López Obrador busca que la Fiscalía deje de mantener pendiente la definición y determine si existen elementos para ejercer acción penal o si corresponde tomar otra determinación dentro de la investigación.
La demanda fue presentada el pasado 11 de septiembre, de acuerdo con información publicada sobre el expediente judicial.
La carpeta de 2023 no revela qué se investiga
Uno de los puntos que más llaman la atención del caso es que el expediente público del amparo no detalla cuáles son los hechos investigados por la FGR.
Tampoco precisa qué calidad tiene Pío López Obrador dentro de esa indagatoria ni cuál es el delito que eventualmente estaría bajo investigación.
Por ello, hasta ahora no puede establecerse a partir del expediente público cuál es el origen concreto de la carpeta FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.
Lo que sí queda establecido en el recurso es el reclamo contra la falta de una determinación del Ministerio Público sobre el posible ejercicio de la acción penal.
La jueza ya notificó a Pío
Este jueves 17 de septiembre se publicó un acuerdo relacionado con el juicio.
La jueza Gabriela Sandoval Saavedra informó que Pío López Obrador fue notificado vía electrónica.
Sin embargo, el acuerdo disponible no precisa si la demanda ya fue admitida a trámite ni si se concedió alguna medida cautelar.
Por ahora, el procedimiento se encuentra en una etapa inicial y habrá que esperar las siguientes determinaciones del juzgado.
¿Tiene relación con los videos de David León?
El nombre de Pío López Obrador vuelve a aparecer en un asunto judicial después de los videos difundidos en 2020, correspondientes a hechos de 2015, en los que se le observó recibiendo dinero en efectivo de David León Romero.
Aquellas imágenes provocaron denuncias e investigaciones relacionadas con posibles delitos electorales.
Sin embargo, es importante hacer una distinción: la carpeta que ahora aparece en el nuevo amparo es la FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023 y no debe confundirse automáticamente con aquella investigación electoral. La información pública disponible no establece que ambas sean el mismo expediente.
En octubre de 2022, la entonces Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales determinó el no ejercicio de la acción penal en una carpeta relacionada con Pío López Obrador y David León por delitos electorales.
Además, en marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una resolución relacionada con aquellos hechos y determinó que no existían elementos suficientes para acreditar una infracción electoral atribuible a Pío López Obrador.
Ahora la pregunta está en manos de la FGR
El nuevo amparo coloca nuevamente a la Fiscalía ante una pregunta concreta: ¿qué determinación tomará respecto de la investigación iniciada en 2023?
Pío López Obrador reclama que la autoridad ministerial defina si existen elementos para ejercer acción penal o si debe cerrar la investigación mediante la determinación que corresponda.
Por ahora, la información pública no permite conocer el contenido de esa carpeta ni anticipar cuál será la decisión de la Fiscalía.
Tampoco existe, con la información disponible, una determinación judicial que establezca responsabilidad penal contra Pío López Obrador.
El siguiente movimiento corresponderá al juzgado federal y, en el fondo del asunto, a la propia FGR, que deberá definir el curso de la investigación que permanece abierta desde 2023.
