El combate al huachicol tendrá ahora otro frente: seguir el rastro del dinero.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), firmaron un convenio de colaboración para reforzar la detección de operaciones financieras relacionadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La Secretaría de Energía también participó en el anuncio realizado este jueves, en el que se explicó que el acuerdo dará continuidad al trabajo desarrollado por Pemex y la UIF dentro del grupo interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles.
La apuesta es identificar no solamente a quienes participan directamente en el robo de gasolina y diésel, sino también las estructuras económicas y financieras que permiten mantener funcionando este negocio ilegal.
Pemex entregará información financiera a la UIF
De acuerdo con el convenio, Pemex proporcionará a la UIF información que pueda ayudar a detectar operaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Entre los datos contemplados se encuentran información:
- Financiera
- Económica
- Contable
- Jurídica
- Administrativa
Estos elementos podrán utilizarse para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos vinculados con las actividades de la empresa petrolera.
La intención es que la información permita detectar movimientos que puedan estar relacionados con estructuras dedicadas al mercado ilegal de combustibles.
La UIF también compartirá inteligencia con Pemex
El intercambio no será únicamente de Pemex hacia la UIF.
La Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará a la petrolera estatal productos de inteligencia que puedan servir para identificar, prevenir y dar seguimiento a riesgos relacionados con las operaciones financieras de Pemex y sus empresas filiales.
Con ello, ambas instituciones buscan tener una visión más amplia de las operaciones que puedan representar un riesgo para la empresa y para los recursos del Estado.
También podrán realizar actividades de capacitación relacionadas con análisis operativo y estratégico.
El objetivo: cortar las redes que sostienen al huachicol
El convenio forma parte de los trabajos del grupo interinstitucional contra el mercado ilícito de combustibles.
En este esquema participan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar las redes que participan en el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El objetivo no es solamente ubicar el combustible robado.
También se busca conocer cómo se mueve el dinero, qué empresas participan, cuáles son las estructuras comerciales utilizadas y quiénes podrían beneficiarse económicamente de estas actividades.
La estrategia apunta así a las cadenas logísticas, comerciales y financieras que permiten que el combustible obtenido ilegalmente llegue al mercado.
¿Qué tan grande es el problema del huachicol?
El robo y contrabando de combustibles representa uno de los principales problemas para el mercado energético mexicano.
De acuerdo con la información difundida, estas actividades representan entre 30% y 40% de las gasolinas y diésel que se comercializan en México.
El fenómeno también ha sido relacionado con grupos del crimen organizado, que han encontrado en el robo, contrabando y distribución ilegal de combustibles una fuente importante de ingresos.
Por ello, las autoridades buscan atacar el problema desde distintos frentes: seguridad, inteligencia, investigación financiera y control de las operaciones comerciales.
El convenio llega en medio de investigaciones por huachicol
El anuncio ocurre mientras en México avanzan investigaciones relacionadas con redes de contrabando y distribución ilegal de combustibles.
En las últimas semanas también han surgido acusaciones públicas que han involucrado a personajes cercanos al poder político.
Entre ellas se encuentran señalamientos relacionados con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido mencionado en el contexto de investigaciones y acusaciones sobre presuntas redes de huachicol.
Sin embargo, estos señalamientos deben distinguirse de hechos judiciales acreditados y de investigaciones que todavía se encuentran en proceso.
Juez procesa a exmando de Marina por caso de hidrocarburos
El mismo jueves, un juez mexicano ordenó abrir un proceso penal y ratificó la prisión preventiva contra Fernando Farías Laguna, exmando de la Secretaría de Marina.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el proceso está relacionado con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Farías Laguna es señalado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible.
El caso forma parte de las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen sobre las estructuras detrás del mercado ilícito de hidrocarburos.
Van tras quienes mueven el dinero
Con el nuevo convenio, Pemex y la UIF pretenden fortalecer una estrategia que va más allá de decomisar combustible o detener a personas involucradas en el robo.
El objetivo será identificar las operaciones financieras que permiten que las ganancias del huachicol circulen por empresas, cuentas y diferentes estructuras comerciales.
Para las autoridades, seguir ese rastro puede permitir detectar a quienes financian, administran o se benefician de las redes de combustible ilegal.
La colaboración también busca proteger los recursos de Pemex y el patrimonio del Estado mexicano, bajo las disposiciones legales nacionales y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El mensaje es claro: el combate al huachicol también se librará en las cuentas, empresas y movimientos financieros que están detrás del combustible ilegal.
