La disputa por el control de comunidades, carreteras y espacios públicos volvió al centro del debate político nacional. El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, llamó a “recuperar los territorios” que, según afirmó, actualmente son disputados o controlados por organizaciones del crimen organizado.
El dirigente panista sostuvo que el problema de seguridad en México no debe observarse únicamente a partir de las cifras de homicidios o enfrentamientos, sino también desde lo que ocurre diariamente en algunas comunidades.
De acuerdo con Romero, en distintas regiones del país grupos criminales cobran cuotas, condicionan la movilidad de las personas y ejercen presión sobre actividades económicas, una situación que, aseguró, termina afectando directamente a las familias.
“Esto ya no se trata solamente de cifras. Estamos hablando de lugares donde el ciudadano sabe perfectamente quién manda y muchas veces no es la autoridad. Eso es lo que tenemos que revertir”, afirmó el dirigente nacional del PAN.
“No puede haber libertad donde gobierna el miedo”
Romero Herrera sostuvo que recuperar el territorio implica también devolver a las familias la posibilidad de transitar, trabajar y desarrollar sus actividades sin estar sujetas a las decisiones de grupos criminales.
El dirigente panista señaló que existen comunidades donde el llamado “derecho de piso”, las amenazas y las restricciones para desplazarse forman parte de las preocupaciones de la población.
“No podemos acostumbrarnos a que haya territorios donde las familias vivan con miedo, donde trabajar implique pagar derecho de piso o donde desplazarse dependa de la voluntad de un grupo criminal”, expresó.
El presidente del PAN también vinculó el problema de seguridad con el funcionamiento de las instituciones y advirtió sobre los riesgos que, desde su perspectiva, aparecen cuando organizaciones criminales consiguen influir, presionar o someter a autoridades.
“Cuando el crimen sustituye funciones del Estado o logra someter a quienes deberían combatirlo, estamos frente a una amenaza directa a nuestra democracia. No puede haber libertad donde gobierna el miedo, ni soberanía donde mandan los criminales”, sostuvo.
Estas declaraciones corresponden al posicionamiento político de Romero y del PAN; por sí mismas no constituyen una determinación judicial sobre el supuesto control criminal de territorios o sobre posibles vínculos de autoridades con organizaciones delictivas.
PAN plantea fortalecer inteligencia y atacar las finanzas criminales
Frente a este escenario, Romero aseguró que Acción Nacional plantea una estrategia que contemple el fortalecimiento de las instituciones, el uso de inteligencia y el combate a las finanzas de las organizaciones criminales.
El dirigente también habló de establecer una política de cero tolerancia frente a posibles vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos.
Para el PAN, recuperar el control de las comunidades no solamente significa incrementar la presencia de fuerzas de seguridad, sino también garantizar que las actividades económicas, el tránsito de las personas y la vida cotidiana vuelvan a estar bajo las reglas de las instituciones.
“Defender la Patria es recuperar nuestro territorio; defender a las familias es garantizarles seguridad; y defender la Libertad es impedir que el miedo y el crimen decidan cómo viven los mexicanos. Esa es la batalla que México tiene que dar”, afirmó Romero.
Seguridad, uno de los principales frentes políticos
El pronunciamiento ocurre en un momento en que la seguridad y la presencia del crimen organizado forman parte constante de la confrontación política nacional.
En semanas recientes, el dirigente panista ha endurecido sus señalamientos contra el Gobierno de México y ha planteado que las autoridades deben investigar posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. En septiembre, Romero incluso utilizó expresiones como “narcopacto” y “narcogobierno”, acusaciones que forman parte de su posicionamiento político y que no deben confundirse con resoluciones judiciales.
Ahora, el llamado del PAN se centra en recuperar comunidades, carreteras y espacios públicos donde, según el diagnóstico del partido, la presencia criminal estaría limitando la capacidad de las autoridades y afectando la vida cotidiana de los ciudadanos.
El debate deja así una pregunta sobre la mesa: ¿hasta dónde llega la capacidad del Estado para garantizar que ninguna organización criminal sustituya a las instituciones en las decisiones que afectan a las familias mexicanas?
