La crisis política en Sinaloa subió de nivel luego de que la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional presentara formalmente una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya.
La ofensiva fue anunciada por Jorge Romero Herrera y contempla tres acciones principales: impulsar el juicio político para lograr la destitución e inhabilitación del mandatario, solicitar la desaparición de poderes en Sinaloa ante el Senado y presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional.
El coordinador panista en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, aseguró que buscan aplicar la sanción máxima contemplada por la ley a funcionarios que presuntamente mantengan vínculos o colusión con grupos del crimen organizado.
La ofensiva política ocurre después de revelaciones atribuidas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde presuntamente se menciona la existencia de nexos entre mandos de seguridad estatales y facciones del Cártel de Sinaloa.
De avanzar el proceso impulsado por el PAN, Rocha Moya podría enfrentar la destitución del cargo e incluso una inhabilitación de hasta 20 años para ejercer funciones públicas.
El tema ha provocado una fuerte reacción política a nivel nacional y ha colocado nuevamente a Sinaloa en el centro del debate sobre seguridad, gobernabilidad y presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales.
Mientras tanto, legisladores de oposición insisten en que el caso debe investigarse a fondo tanto en México como en instancias internacionales para determinar posibles responsabilidades.
