El caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sumó este domingo una nueva presión política.
El Partido Acción Nacional pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar de manera preventiva las cuentas bancarias de López Beltrán y de personas de su entorno, además de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que abra una investigación de oficio por su presunta relación con el llamado “huachicol fiscal”.
La exigencia se da después de que Estados Unidos revocara la visa de López Beltrán, quien hizo pública la decisión y cuestionó los motivos de la medida. El propio López Beltrán acusó que se trata de una decisión política y negó estar relacionado con actividades ilícitas.
PAN pide actuar a la UIF
Durante una conferencia, el vocero del PAN, Jorge Triana, planteó que la UIF tome medidas preventivas respecto a las cuentas de López Beltrán.
La petición busca que la autoridad financiera revise posibles movimientos y operaciones vinculadas con el hijo del expresidente, mientras que el partido opositor también demanda que la FGR determine si existen elementos para abrir una investigación formal.
“Que de manera preventiva y sustentado en la ley… la UIF congele de inmediato las cuentas de Andy López”, planteó Triana, de acuerdo con reportes sobre la conferencia panista.
El PAN también ha exigido que López Beltrán muestre el documento mediante el cual las autoridades estadounidenses le notificaron la cancelación de su visa.
Döring cuestiona sus aspiraciones para 2027
El diputado panista Federico Döring llevó el debate al terreno electoral y cuestionó las aspiraciones de López Beltrán de buscar una diputación federal en las elecciones de 2027.
Döring sostuvo que una cancelación de visa puede estar relacionada con distintos motivos y mencionó entre los escenarios posibles investigaciones por narcotráfico, lavado de dinero o asuntos relacionados con seguridad nacional.
A partir de esa hipótesis, el legislador planteó que cualquier eventual expediente internacional podría tener consecuencias para el proyecto político de López Beltrán.
¿Qué se sabe sobre el retiro de la visa?
López Beltrán informó públicamente que Estados Unidos revocó su visa y dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que calificó la decisión como política. La Embajada estadounidense no ha revelado los motivos específicos del caso, al tratarse de información relacionada con los registros de visas.
La Embajada de Estados Unidos en México, sin referirse específicamente al caso de López Beltrán, ha señalado que una visa puede ser revocada cuando existen razones para hacerlo y que el documento no constituye un derecho permanente de ingreso al país.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la decisión estadounidense y ha sostenido que el retiro de visas debe estar acompañado de información cuando existan acusaciones contra funcionarios o políticos mexicanos.
El “huachicol fiscal”, en el centro del reclamo
El PAN pretende que las autoridades mexicanas determinen si existen elementos que relacionen a López Beltrán con operaciones vinculadas al tráfico ilegal de combustibles y evasión fiscal conocido como “huachicol fiscal”.
Sin embargo, hasta el momento, las declaraciones del PAN representan señalamientos políticos y solicitudes para que las autoridades investiguen. No existe en la información pública consultada una resolución judicial que determine que López Beltrán haya cometido un delito o que sea responsable de una operación de “huachicol fiscal”.
La diferencia es importante: pedir una investigación no equivale a acreditar una responsabilidad penal.
Andy López busca llegar a San Lázaro en 2027
El caso también ocurre cuando López Beltrán aparece nuevamente en el escenario político con miras a las elecciones de 2027.
El hijo del expresidente fue secretario de Organización de Morena y ha sido mencionado como aspirante a una candidatura para la Cámara de Diputados.
Ahora, el retiro de su visa estadounidense y las acusaciones lanzadas por el PAN colocan su eventual candidatura en medio de una nueva disputa política.
Por ahora, el siguiente movimiento corresponde a las autoridades mexicanas: la UIF y la FGR tendrían que determinar si existen elementos legales suficientes para atender las solicitudes planteadas por Acción Nacional.
