Las sanciones económicas impuestas a Grupo México por diversos incidentes y desastres ambientales han reavivado el debate sobre la eficacia del marco legal mexicano para prevenir daños ecológicos de gran escala.
De acuerdo con un reportaje publicado por Animal Político, la empresa acumula al menos 15 accidentes e incidentes ambientales documentados por distintas autoridades. Las multas y compromisos de reparación derivados de estos hechos ascienden a mil 524 millones de pesos, cantidad que representa aproximadamente el 0.12% de la fortuna estimada por Forbes para Germán Larrea, principal accionista del consorcio.
El derrame del Río Sonora sigue siendo el caso más emblemático
El mayor monto de las sanciones está relacionado con el derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, cuando alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi.
El hecho es considerado uno de los mayores desastres ambientales de la minería moderna en México por el impacto que tuvo en comunidades, actividades productivas y fuentes de abastecimiento de agua.
Tras ese incidente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso multas por 22.9 millones de pesos al acreditar 55 irregularidades. Posteriormente, como parte del Plan de Justicia para el Río Sonora, Grupo México acordó destinar mil 500 millones de pesos para infraestructura hospitalaria, plantas potabilizadoras, obras hidráulicas y acciones de remediación ambiental.
Especialistas cuestionan el impacto de las sanciones
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Samuel Rosado-Zaidi, explicó que la legislación ambiental mexicana calcula las sanciones con base en infracciones específicas y no en la capacidad económica de las empresas.
A su juicio, cuando las multas dejan de representar un impacto relevante para las finanzas de una corporación, también disminuye su capacidad para prevenir nuevos incidentes.
El especialista señaló que en regiones como la Unión Europea existen mecanismos regulatorios y sanciones más severas para desalentar el vertimiento de contaminantes y fortalecer la protección ambiental.
Sonora, una de las entidades con mayor actividad minera
El análisis también destaca que Sonora concentra 31.92% de su territorio concesionado para actividades mineras, uno de los porcentajes más altos del país.
Asimismo, recuerda que la contaminación del Río Sonora alcanzó la presa El Molinito, infraestructura estratégica para el suministro de agua de Hermosillo y para importantes zonas agrícolas del estado.
Rosado-Zaidi planteó la necesidad de revisar los criterios para calcular las sanciones ambientales, fortalecer las facultades de inspección de la Profepa, incorporar el impacto social y ambiental en las evaluaciones y analizar la posibilidad de perseguir determinados daños ambientales como delitos penales.
