El choque entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación subió de tono este sábado luego de que la Fiscalía General de la República citara a comparecer a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, por el caso relacionado con presuntas operaciones de agentes estadounidenses en territorio estatal.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Chihuahua confirmó la notificación enviada a la mandataria y acusó que se trata de una acción que viola la Constitución y atenta contra la soberanía del estado.
“La Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal”, sostuvo la administración estatal.
El gobierno encabezado por Maru Campos afirmó además que la actuación de la FGR representa un acto “absolutamente violatorio” del marco constitucional mexicano.
Tras recibir el citatorio, la gobernadora estuvo acompañada por integrantes de su equipo jurídico y político, entre ellos el consejero jurídico José Carlos Rivera, el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda, el abogado Roberto Gil Zuarth, Fernando Álvarez Monje y Max Cortázar.
La mandataria estatal informó que sus abogados ya revisan el contenido del documento enviado por la Fiscalía para analizar su fundamentación legal y los alcances del procedimiento.
“Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación”, declaró la gobernadora, quien también defendió las acciones de seguridad implementadas por su administración frente a grupos delictivos.
El Gobierno de Chihuahua también cuestionó el actuar de las autoridades federales al considerar que existe un trato diferenciado frente a otros casos políticos recientes.
En el posicionamiento oficial se menciona al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
La administración estatal sostuvo que el citatorio contra Maru Campos responde a un “evidente caso de persecución política ordenado desde Palacio Nacional”, lo que incrementó aún más la tensión política entre Chihuahua y el Gobierno federal.
El caso ocurre en medio de un ambiente nacional marcado por investigaciones, señalamientos y disputas políticas relacionadas con seguridad, crimen organizado y cooperación entre México y Estados Unidos.
