La confrontación política entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el exgobernador Jaime Bonilla Valdez volvió a escalar luego de que ambos intercambiaran acusaciones sobre una reunión con personas que se presentaron como representantes de autoridades estadounidenses, en medio de la polémica por la cancelación de la visa de la mandataria estatal.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, Jaime Bonilla, actual comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, rechazó haber organizado encuentros entre la gobernadora y presuntas agencias de Estados Unidos, así como cualquier participación en la grabación o filtración de conversaciones privadas.
A través de un comunicado, Bonilla calificó como “ilógico” que se le atribuyan esos hechos y sostuvo que mantiene una confrontación política con la actual administración estatal. Además, afirmó haber sido objeto de persecución política y penal durante el gobierno encabezado por Marina del Pilar.
El exmandatario aseguró que desconocía la existencia de las reuniones mencionadas por la gobernadora y negó tener relación con los supuestos intermediarios, con autoridades estadounidenses o con el periodista que difundió los audios.
“No tengo ni su WhatsApp”, expresó Bonilla al rechazar cualquier tipo de comunicación directa con la titular del Ejecutivo estatal.
Asimismo, pidió que Marina del Pilar explique públicamente en qué condiciones se desarrollaron esos encuentros, cómo ingresó a territorio estadounidense después de la cancelación de su visa y cuál fue el contenido de las conversaciones sostenidas durante esas reuniones.
Bonilla también informó que analiza con su equipo jurídico la posibilidad de presentar acciones legales para defender su honorabilidad tras los señalamientos realizados por la gobernadora durante una conferencia de prensa.
Por su parte, Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que en diciembre de 2025 aceptó una reunión que, según su versión, fue propuesta por Jaime Bonilla para atender el tema relacionado con la cancelación de su visa de turista por parte del Gobierno de Estados Unidos.
La gobernadora afirmó que asistió de buena fe, pero posteriormente concluyó que había sido víctima de una trampa luego de que fragmentos de la conversación fueran difundidos públicamente.
También sostuvo que los audios difundidos están fuera de contexto y contienen referencias a presuntos procedimientos judiciales que fueron planteados durante ese encuentro.
En respuesta, Jaime Bonilla volvió a negar cualquier participación y atribuyó las acusaciones al ambiente de confrontación política que prevalece en Baja California.
Además, vinculó el conflicto con el proceso interno del Partido del Trabajo para definir a su próxima candidatura al gobierno estatal, donde mencionó a la exalcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, como una de las figuras impulsadas por ese partido.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre investigaciones oficiales derivadas de las declaraciones realizadas por ambos actores políticos.
La controversia ocurre mientras continúa el debate público por la difusión de audios relacionados con la gobernadora y por la cancelación de su visa estadounidense, un tema que sigue generando reacciones dentro del ámbito político nacional.
