Ciudad de México.— El senador por Sonora, Iván Jaimes Archundia, aseguró que el debido proceso representa la principal defensa que tienen los ciudadanos frente a cualquier acto de autoridad y sostuvo que ninguna persona puede ser condenada únicamente por sospechas.
Durante su participación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el debate generado por la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, el legislador afirmó que la impartición de justicia debe sustentarse en pruebas sólidas y en el respeto absoluto a las garantías constitucionales.
“No se culpa y no se sentencia a nadie por sospechas, sino por certezas“, expresó desde la tribuna al referirse a la importancia de preservar los principios que rigen el sistema de justicia mexicano.
Jaimes Archundia sostuvo que el debido proceso no representa un beneficio para quien enfrenta un procedimiento penal, sino una obligación del Estado para garantizar que cualquier juicio se desarrolle con legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.
El senador recordó que, a lo largo de la historia reciente del país, distintas fuerzas políticas denunciaron abusos y arbitrariedades cometidas por las autoridades, por lo que llamó a mantener la misma exigencia de respeto a la legalidad sin importar quién ocupe el poder.
Asimismo, señaló que cualquier ciudadano, ya sea un servidor público o una persona sin cargo político, tiene derecho a ser escuchado, a que se respeten sus garantías individuales y a que cualquier resolución judicial esté sustentada en pruebas y no en presunciones.
Durante su intervención también advirtió que la manera en que México conduce sus procesos judiciales es observada por organismos y actores internacionales.
“Los retos son enormes y créanme, no solo es al interior del país; la comunidad internacional nos está mirando de cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos“, señaló.
Como parte de sus propuestas, planteó crear clínicas de garantías y de control de licitud que permitan revisar el origen de las pruebas presentadas en los procesos penales, además de establecer sanciones administrativas y penales para los ministerios públicos que recurran a pruebas obtenidas de manera ilícita.
También insistió en revisar el alcance de la prisión preventiva oficiosa, al considerar que actualmente su aplicación automática puede afectar los derechos fundamentales de muchas personas que aún no han sido declaradas culpables.
Finalmente, reiteró que la presunción de inocencia debe mantenerse como uno de los pilares del sistema de justicia mexicano.
“La presunción de inocencia no es un poema, es una regla de juicio: la inocencia no se demuestra; se presume“, concluyó.
