Ciudad de México, 23 de febrero de 2026. — En medio del debate nacional sobre la transparencia y el uso de los programas sociales, el senador por Sonora, Iván Jaimes Archundia, presentó una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Apoyo Social (INAS), un organismo público autónomo que tendría la responsabilidad de administrar, regular y supervisar la totalidad de las prestaciones, apoyos y programas sociales del Estado mexicano.
La propuesta surge, según explicó el legislador, con el objetivo de garantizar equidad, transparencia y evitar la discrecionalidad y el uso político-electoral en la entrega de apoyos sociales.
“Hoy, en México, los programas sociales son programas partidistas, no programas de Estado. Dependen del gobierno en turno. Los derechos sociales no deben quedar sujetos al criterio de los distintos gobernantes”, argumentó.
¿Qué es el INAS y cómo funcionaría?
De acuerdo con la iniciativa, el INAS sería un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participarían los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conforme lo establezca la ley.
Su creación implicaría una reforma al artículo 4° constitucional para establecer que el Estado otorgue una prestación social universal a las y los mexicanos mayores de edad, bajo la supervisión de este nuevo instituto.
El organismo contaría con sistemas de control presupuestario que permitan la programación, presupuestación, ejecución, registro e información transparente de los apoyos sociales.
Además, implementaría esquemas de entrega sin intermediarios para evitar condicionamientos a favor o en contra de partidos políticos, precandidatos o candidatos.
El contexto: millones de beneficiarios y un presupuesto histórico
Actualmente, cerca de 25 millones de personas reciben transferencias sociales directas del gobierno federal mediante programas como:
- Pensión para el Bienestar (más de 12 millones de beneficiarios)
- Becas Benito Juárez (alrededor de 9 millones de estudiantes)
- Jóvenes Construyendo el Futuro (más de 2 millones de jóvenes desde su creación)
En 2026, el presupuesto destinado a programas sociales superó los 987 mil 160 millones de pesos, cifra que representa un incremento superior al 98% respecto a 2018.
Para Jaimes, la magnitud de estos recursos exige un modelo institucional que garantice imparcialidad.
“La ciudadanía debe poder elegir a sus gobernantes sin miedo a perder los apoyos del Estado ni a recibir presiones directas o indirectas”, sostuvo.
¿Cambio estructural o debate político?
El senador sonorense aseguró que ningún gobierno ni partido puede utilizar ayudas sociales para coaccionar o castigar a la ciudadanía.
Advirtió que si los programas se administran con fines partidistas, se corre el riesgo de generar parcialidad y desequilibrio en el orden democrático.
La iniciativa abre un nuevo debate nacional sobre la administración de los programas sociales en México y el papel del Estado en la garantía de los derechos sociales.
, un organismo autónomo que administraría los programas sociales y evitaría su uso electoral.){kind=link}