El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó que tres exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) paguen más de 261 millones de pesos como reparación del daño, luego de acreditarse su responsabilidad en irregularidades administrativas.
La resolución también contempla la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos contra René Gavira Segreste, Oliverio Pérez Santoyo y Miguel Carrillo Villarreal, quienes estuvieron involucrados en la autorización de contratos para la adquisición de granos básicos.
De acuerdo con el fallo, emitido por una sala especializada en responsabilidades administrativas graves, los exservidores públicos avalaron operaciones sin sustento documental que comprobara la recepción de los productos adquiridos.
Las investigaciones señalan que estas compras se justificaron bajo supuestas condiciones de urgencia, pero no se logró acreditar que dichas circunstancias existieran, lo que derivó en un daño patrimonial significativo.
Este caso se suma a una serie de irregularidades detectadas en Segalmex, considerado uno de los escándalos más grandes de presunto desvío de recursos en los últimos años, con observaciones millonarias realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Aunque el tribunal ya emitió la sanción, los implicados aún tienen la posibilidad de impugnar la resolución mediante los mecanismos legales correspondientes.
