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20 de octubre de 2026
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Alcalde de Juchitán es detenido por presunta extorsión y vínculos con grupo ligado al CJNG

Las autoridades investigan si Miguel Sánchez Altamirano utilizó infraestructura municipal para favorecer a “Los Cromos”, grupo señalado como una facción del CJNG en el Istmo de Tehuantepec.

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Detienen a alcalde de Juchitán por presunta extorsión y vínculos criminales
Detienen a alcalde de Juchitán por presunta extorsión y vínculos criminales

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido este miércoles durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales, luego de que investigaciones lo señalaran por su presunta relación con una estructura criminal vinculada con “Los Cromos”, grupo que las autoridades ubican como una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El alcalde, conocido como “Quetu”, contaba con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. En el mismo operativo también fue detenido Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, señalado como otro integrante de la estructura investigada.

La detención fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que las investigaciones relacionan a ambos con una organización presuntamente dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, además de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

¿Qué señalan las investigaciones contra el alcalde?

De acuerdo con información del gabinete de seguridad citada por medios nacionales, las indagatorias apuntan a que Sánchez Altamirano habría utilizado infraestructura del Ayuntamiento de Juchitán para brindar presunta cobertura política y económica a “Los Cromos”.

Entre los señalamientos está el supuesto acceso a las cámaras del sistema C2, desde donde presuntamente se alertaba a integrantes del grupo criminal sobre la presencia de corporaciones estatales y federales.

Las autoridades también lo relacionan con el cobro de piso a empresarios, cadenas comerciales y pequeños y medianos comerciantes de la zona.

Otra de las líneas de investigación apunta a una presunta participación en la compra de armas para el grupo y en una red de protección relacionada con el tráfico de migrantes mediante casas de seguridad.

Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser acreditados ante las autoridades judiciales correspondientes.

También detienen a “La Parca”

Durante el mismo despliegue fue detenido Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, a quien las investigaciones ubican como presunto integrante de “Los Cromos”.

Según las autoridades, “La Parca” estaría relacionado con actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios, además del uso de una red de mototaxis para el traslado y presunta extorsión de migrantes.

Las indagatorias también lo señalan por ejercer presión para favorecer la liberación de personas detenidas que presuntamente pertenecían al grupo criminal.

UIF bloquea cuentas relacionadas con la investigación

Como parte de las acciones posteriores al operativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación.

El objetivo, de acuerdo con lo informado por García Harfuch, es afectar la capacidad financiera de la estructura investigada. Hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente el monto total de los recursos bloqueados.

Detención provoca movilizaciones en Juchitán

La captura del presidente municipal generó movilizaciones en distintos puntos de Juchitán.

Reportes periodísticos señalaron bloqueos en la carretera federal 185 Transístmica y en accesos a establecimientos comerciales, con participación de mototaxistas y simpatizantes que exigían la liberación del edil.

Las protestas también afectaron la circulación entre Juchitán y Tehuantepec.

¿Qué sigue para el alcalde?

Miguel Sánchez Altamirano deberá enfrentar el proceso derivado de la orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Aunque las autoridades lo señalan por su presunta participación y relación con la estructura criminal investigada, los señalamientos deberán ser acreditados ante un juez y el detenido conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.

El caso pone bajo investigación la posible utilización de infraestructura y recursos municipales para favorecer las operaciones de una organización criminal, según las líneas de investigación difundidas por las autoridades.

La investigación continúa abierta y podría derivar en nuevas acciones contra personas presuntamente relacionadas con esta estructura.

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