Ciudad de México.- La defensa del contraalmirante Fernando Farías Laguna prepara su primera disputa ante la autoridad judicial: solicitará que la audiencia inicial en su contra sea pública y pueda ser seguida por la sociedad.
Los abogados consideran que el principio de publicidad debe prevalecer dentro del sistema penal acusatorio y sostienen que cualquier decisión para restringir el acceso tendría que estar sustentada y explicada por el juez.
El equipo jurídico informó que ya estableció comunicación con Farías Laguna desde su llegada a México y ahora espera la notificación oficial con la fecha, hora y condiciones en que se realizará la audiencia inicial.
Será en esa diligencia donde comenzarán las primeras actuaciones judiciales y se avanzará en la definición de la situación jurídica del contraalmirante.
La defensa quiere que todos puedan conocer lo que ocurra
Una vez que reciba la notificación formal, la defensa planteará ante el juez que la audiencia pueda desarrollarse de manera pública.
Los abogados argumentan que la publicidad es una de las reglas del sistema penal acusatorio mexicano, mientras que una audiencia reservada tendría que obedecer a circunstancias excepcionales contempladas por la legislación.
La defensa citó el artículo 20 constitucional y las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales como parte de los argumentos que utilizará para sustentar su solicitud.
En términos sencillos, el planteamiento de los abogados es que la audiencia debe ser abierta salvo que exista una razón jurídica concreta para restringir el acceso.
Cuestionan un posible cierre de la audiencia
El equipo legal también puso sobre la mesa un argumento político y procesal.
Los abogados cuestionaron que el procedimiento pudiera realizarse a puerta cerrada después de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha difundido públicamente distintos aspectos relacionados con las investigaciones contra Farías Laguna.
Entre la información que, según la defensa, ha sido divulgada se encuentran datos sobre las indagatorias, la detención del contraalmirante, sus traslados y diferentes actuaciones relacionadas con el expediente.
Por ello, los abogados consideran que debe existir congruencia entre la exposición pública que ha acompañado al caso y la forma en que se desarrolle la primera etapa judicial.
Su postura puede resumirse así: si la investigación ha sido expuesta públicamente, la audiencia no debería cerrarse sin una explicación jurídica suficiente.
Farías Laguna ya se encuentra en el Altiplano
Después de su llegada a México, la FGR informó que Farías Laguna fue presentado ante un médico legista para realizar la certificación correspondiente.
Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial que solicitó su presentación.
Su llegada al país ocurrió después de haber sido expulsado de Argentina.
Ahora, el siguiente paso será la audiencia inicial, cuya fecha y condiciones deberán ser notificadas oficialmente a la defensa.
El caso está relacionado con una investigación por huachicol fiscal
El proceso contra Farías Laguna se encuentra relacionado con las investigaciones sobre una presunta red vinculada con huachicol fiscal, término utilizado para describir esquemas de operaciones irregulares relacionadas con combustibles y el pago de contribuciones.
Las pesquisas de la FGR han alcanzado a integrantes y exintegrantes del ámbito naval mencionados dentro de las indagatorias.
En este contexto, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, ha señalado que una de las operaciones investigadas representa una afectación económica superior a 340 millones de pesos.
Ese monto corresponde a uno de los aseguramientos mencionados por las autoridades y no representa necesariamente el valor total de las actividades que se atribuyen a la presunta red investigada.
Ahora será el juez quien tenga la última palabra
La solicitud de la defensa no significa que la audiencia vaya a ser automáticamente pública.
Será la autoridad judicial la que determine las condiciones en las que deberá desarrollarse la diligencia y si existe alguna razón legal para limitar total o parcialmente el acceso.
La defensa, por su parte, ya adelantó cuál será su posición: quiere que la audiencia sea abierta y que cualquier restricción esté debidamente fundamentada.
El caso de Fernando Farías Laguna entra así en una nueva etapa.
Después de meses de investigaciones y actuaciones de las autoridades, el expediente comienza ahora a trasladarse al terreno judicial, donde la Fiscalía tendrá que sostener sus señalamientos y la defensa tendrá la oportunidad de responder ante el juez.
La primera disputa podría no ser todavía sobre el fondo de las acusaciones, sino sobre algo más inmediato: quién podrá estar presente para conocer lo que ocurra en la audiencia inicial.
Y esa decisión quedará en manos de la autoridad judicial.
