Cobrar por trabajar, restringir caminos, desplazar familias y controlar actividades económicas: el poder del crimen organizado rebasa el narcotráfico. Un análisis difundido por Agencia Reforma estima que estas organizaciones ejercen un control efectivo en alrededor del 30% del territorio mexicano, mientras otro 47% corresponde a entidades con control compartido o disputado. Sonora figura en este segundo grupo.
El documento, con corte al 25 de septiembre de 2026, describe un dominio que también se expresa mediante cuotas, control de mercados e influencia sobre autoridades locales. Bajo esa clasificación, sólo 23% del territorio correspondería a estados con predominio institucional.
La estimación no es una cifra oficial. Aunque no se pudo verificar la metodología completa del estudio y sus categorías no describen uniformemente cada municipio su planteamiento, sin embargo, coloca una cuestión central: la seguridad también depende de quién tiene capacidad para imponer las reglas de la vida cotidiana.
En Sonora existen antecedentes concretos. En abril de 2025, autoridades estatales informaron de la recuperación de 42 ranchos y dos minas en el municipio de Pitiquito, donde pobladores habían sufrido amenazas, robo de ganado y explotación criminal de propiedades. El entonces secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Enríquez García, estimó que apenas entre 35% y 40% había retomado sus actividades.
El despojo revela el alcance del problema: perder una propiedad ante hombres armados significa perder patrimonio, trabajo y libertad para permanecer en ella.
En este contexto, el embajador estadounidense Ronald Johnson anunció la intención de coordinar patrullajes fronterizos. “Juntos, tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida”, expresó, tras reportar disparos contra elementos de la Guardia Costera de su país.
Johnson señaló que los mandos militares mexicanos mantendrán comunicación directa con las fuerzas estadounidenses desplegadas para dificultar las operaciones criminales.
El operativo confirmado comenzó el 4 de octubre en cinco municipios fronterizos de Tamaulipas, con 500 efectivos mexicanos, helicópteros, drones y equipos antidrones. Su implementación es bajo el esquema “Espejo”: cada fuerza opera en su propio territorio. No se anunció un despliegue equivalente en Sonora ni se estableció que la operación respondiera al estudio territorial.
Para Sonora, recuperar el territorio exige más que operativos y detenciones. Exige que las familias puedan regresar a sus ranchos, los productores trabajar y los ciudadanos transitar sin pagar cuotas ni someterse a amenazas.
Mientras la delincuencia decida quién puede trabajar, circular o permanecer en una comunidad, el reto para la autoridad será recuperar el poder de proteger a sus habitantes.
