Un golpe a la agenda económica
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro revés al proyecto económico de Donald Trump al declarar ilegales gran parte de los aranceles globales que impulsó durante su administración, una decisión que reconfigura el equilibrio entre el poder presidencial y el Congreso en materia comercial.
El fallo, aprobado por seis votos contra tres, concluyó que el mandatario excedió sus facultades al utilizar una ley de emergencias de 1977 para imponer tarifas masivas a socios comerciales en todo el mundo. Los magistrados determinaron que dicha legislación no autoriza al presidente a fijar aranceles sin el respaldo del Congreso, instancia que constitucionalmente posee esa atribución.
Consecuencias económicas y políticas
Los aranceles eran una pieza central del discurso económico de Trump. El presidente defendía que servirían para revitalizar la industria estadounidense, recaudar miles de millones y presionar a otros países en negociaciones comerciales. Sin embargo, economistas y sectores empresariales advertían que podían encarecer productos y agravar la inflación en Estados Unidos.
La Corte dejó claro que, aunque el Ejecutivo puede regular transacciones internacionales durante emergencias, eso no equivale a crear impuestos comerciales generalizados. Incluso jueces conservadores mostraron escepticismo ante la tesis del gobierno, al considerar que los aranceles funcionan esencialmente como impuestos, una facultad reservada al Legislativo.
¿Qué sigue?
El fallo abre una nueva etapa de incertidumbre jurídica. Analistas prevén litigios masivos y posibles reembolsos multimillonarios a empresas que pagaron tarifas bajo la política arancelaria ahora invalidada.
Aunque la Casa Blanca ha insinuado que buscará otras vías legales para mantener parte de su estrategia comercial, especialistas coinciden en que ninguna herramienta ofrece el mismo margen de maniobra que la ley de emergencia utilizada originalmente.
