Un tribunal de enjuiciamiento en Guanajuato dictó una de las sentencias más severas de las que se tenga registro en el estado: 1,018 años y 4 meses de prisión contra el abogado Edgar Francisco Franco Ríos, señalado por cometer fraude contra 107 personas a quienes ofrecía propiedades que en realidad no podía vender.
El hoy sentenciado operaba desde el despacho jurídico “Punto Legal”, en la ciudad de León, donde, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, montó un esquema para engañar a decenas de familias con supuestos remates de casas y ofertas inmobiliarias que parecían una oportunidad, pero terminaron en pérdidas millonarias.
La resolución fue dada a conocer por el fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, quien informó que además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el pago de más de 33 millones de pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas.
Cómo operaba el fraude en Guanajuato
Según las investigaciones, Edgar Francisco Franco Ríos utilizaba redes sociales y páginas de venta en línea para promocionar casas supuestamente en remate. A las personas interesadas les ofrecía inmuebles con pagos de contado que rondaban los 200 mil o 250 mil pesos, con la promesa de entregar documentación respaldada por notarios.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que todo era parte de un engaño. El trabajo ministerial acreditó que el abogado ofertaba propiedades sobre las que no tenía ninguna facultad legal de venta y que, además, ni siquiera se encontraban en litigio o en procesos reales de remate. Es decir, las víctimas pagaban por inmuebles que nunca podían adquirir.
De acuerdo con los testimonios recabados en la investigación, varias personas entregaron fuertes cantidades de dinero pensando que estaban aprovechando una oportunidad de compra, cuando en realidad estaban siendo víctimas de un fraude armado con apariencia de legalidad.
Dos sentencias que sumaron más de mil años de cárcel
La condena total no se dictó en una sola audiencia. La Fiscalía de Guanajuato informó que entre el 26 y el 30 de junio de 2026 se emitieron dos sentencias condenatorias contra Edgar Francisco Franco Ríos.
La primera fue por 438 años y 4 meses de prisión, mientras que la segunda alcanzó los 580 años. La suma de ambas dio como resultado una penalidad total de 1,018 años y 4 meses por el delito de fraude en agravio de 107 víctimas.
Aunque la legislación penal de Guanajuato establece un límite máximo de compurgación de 80 años de cárcel, la autoridad estatal destacó que el peso de la sentencia está en el reconocimiento del daño causado y en la obligación de devolver el dinero obtenido de forma ilícita.
Cuánto deberá pagar por reparación del daño
Además de la pena privativa de la libertad, el fallo judicial obliga al sentenciado a cubrir una reparación integral del daño por más de 33 millones de pesos.
El monto se divide de la siguiente manera:
29 millones 923 mil 100 pesos por daño material,
3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral,
y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados.
La Fiscalía sostuvo que uno de los puntos más relevantes de la sentencia es precisamente la protección de los derechos de las víctimas, al ordenar la devolución de cada peso obtenido mediante el fraude.
Una sentencia que marca un precedente en Guanajuato
Para la Fiscalía estatal, el caso de Edgar Francisco Franco Ríos representa una resolución sin precedente por el número de víctimas, la magnitud del fraude y la penalidad impuesta. La dependencia subrayó que el proceso permitió demostrar ante el tribunal la manera en que el abogado usó distintos artificios para engañar de forma consecutiva a decenas de personas.
La historia también volvió a poner sobre la mesa el riesgo de las supuestas oportunidades inmobiliarias que circulan en redes sociales, especialmente aquellas que prometen remates bancarios a precios muy por debajo del mercado y que piden pagos en efectivo sin garantías reales.
Por ahora, la condena de más de mil años de prisión queda como uno de los golpes judiciales más duros en Guanajuato contra un fraude inmobiliario de gran escala, con 107 víctimas reconocidas dentro del proceso y una reparación del daño que supera los 33 millones de pesos.
