El escenario político en Sinaloa dio un giro inesperado tras la acusación federal en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, justo semanas después de reuniones clave con diplomáticos estadounidenses y en medio de anuncios de inversión millonaria en la entidad.
De acuerdo con información oficial, en marzo el mandatario estatal sostuvo un encuentro en Mazatlán con el cónsul Drew Hoster, acompañado por su equipo diplomático y autoridades locales como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. La reunión fue presentada como un acercamiento institucional para fortalecer la cooperación en temas de seguridad, economía, turismo e inversión extranjera.
Durante ese encuentro, el gobierno sinaloense aseguró que existían condiciones de certeza jurídica para inversionistas internacionales, destacando proyectos como el complejo energético Pacífico Mexinol en Topolobampo.
Semanas después, el embajador estadounidense Ronald Johnson visitó Sinaloa para participar en la colocación de la primera piedra de dicho proyecto. Su discurso no pasó desapercibido.
Ante empresarios y autoridades, el diplomático lanzó un mensaje contundente: la inversión depende de la confianza, la transparencia y reglas claras. También advirtió que la corrupción representa un obstáculo directo para el desarrollo económico en América del Norte.
Las declaraciones fueron interpretadas como una señal del endurecimiento de la postura estadounidense frente a posibles vínculos entre autoridades mexicanas y el crimen organizado.
El contexto cambió drásticamente tras revelarse una acusación federal en Nueva York, donde se señala que Rocha Moya presuntamente sostuvo reuniones con integrantes de “Los Chapitos” después de asumir la gubernatura en 2021. Según el expediente, habría ofrecido protección política para facilitar el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Además, el documento judicial sostiene que miembros del grupo criminal habrían influido en procesos electorales mediante intimidación contra adversarios políticos.
Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente todas las pruebas contenidas en el expediente, ni se han confirmado acciones legales dentro de México relacionadas con el caso.
Tras hacerse pública la acusación, la Embajada de Estados Unidos en México reiteró su postura: la corrupción vinculada al crimen organizado será investigada en todos los casos donde exista jurisdicción.
El propio Rocha Moya había agradecido días antes la visita del embajador estadounidense, destacando la inversión de 3.3 mil millones de dólares y la necesidad de generar condiciones de certidumbre para el crecimiento económico en la región.
El caso ocurre en un momento particularmente delicado. La presión de Estados Unidos sobre el combate al fentanilo ha aumentado, al mismo tiempo que se mantienen negociaciones estratégicas en América del Norte relacionadas con seguridad y comercio bajo el T-MEC.
A esto se suman investigaciones binacionales recientes tras operativos contra laboratorios clandestinos, lo que ha elevado la tensión en la relación bilateral.
Por ahora, el tema no solo impacta a Sinaloa, sino que abre un nuevo frente político y diplomático que podría tener repercusiones en toda la región.
