Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la reforma que permite transferir los recursos de cuentas inactivas de las Afores al Fondo de Pensiones para el Bienestar, una decisión que reabre el debate sobre la seguridad del ahorro para el retiro de millones de mexicanos.
La reforma establece que los recursos de las cuentas individuales de trabajadores mayores de 70 años afiliados al IMSS y de 75 años en el ISSSTE, que permanezcan inactivas y no hayan sido reclamadas, podrán ser transferidos al Fondo. La ley también señala que los trabajadores o sus beneficiarios conservan en todo momento el derecho de reclamar esos recursos, el cual es imprescriptible.
El Gobierno Federal sostiene que la medida no afecta los ahorros de los trabajadores activos ni representa una expropiación, ya que únicamente se utilizan recursos de cuentas que cumplen con los supuestos previstos por la ley y que el Fondo también se financia con otras fuentes de ingresos públicos.
Sin embargo, la resolución ha generado inquietud entre especialistas y analistas financieros. Aunque el derecho de los propietarios a recuperar sus recursos permanece vigente, la posibilidad de que el Estado disponga temporalmente de dinero proveniente de cuentas individuales podría debilitar la confianza en el sistema de ahorro para el retiro. La preocupación es mayor entre quienes están próximos a jubilarse o pensionarse, ya que para ellos la Afore representa el patrimonio acumulado durante décadas de trabajo y cualquier cambio en las reglas genera incertidumbre sobre la certeza jurídica de esos recursos.
La Corte consideró que la reforma no vulnera el derecho de propiedad de los trabajadores, al mantenerse intacta la posibilidad de reclamar los recursos en cualquier momento. No obstante, organismos empresariales y legisladores de oposición han advertido que la medida sienta un precedente delicado sobre el manejo de recursos privados destinados al retiro.
Con esta resolución, el máximo tribunal da respaldo jurídico al Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado para complementar las pensiones de trabajadores del sistema de cuentas individuales. Sin embargo, el debate permanece abierto: mientras el Gobierno afirma que se trata de recursos no reclamados que siguen perteneciendo a sus dueños, sus críticos sostienen que la mayor fortaleza de cualquier sistema pensionario debe ser la certeza y la confianza absoluta de los ahorradores.
